¿Egresados sin título universitario? Proponen ley para entregarlo en 90 días
Miles de jóvenes en México terminan la universidad cada año con la ilusión de ejercer su carrera, pero muchos se topan con un obstáculo inesperado: el retraso en la entrega de su título profesional.
Ante esta situación, la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una reforma para que las universidades privadas estén obligadas a entregar el título en un plazo máximo de 90 días.
La medida busca poner fin a los largos periodos de espera que enfrentan miles de egresados, quienes en muchos casos deben esperar más de dos o tres años para obtener su título y acceder a un empleo formal o continuar estudios de posgrado. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
Reforma a la Ley General de Educación Superior
La propuesta plantea modificar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, con el fin de establecer un plazo máximo de noventa días naturales para la expedición de certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos emitidos por instituciones particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
“La ausencia de una disposición expresa en la legislación ha permitido que los procesos administrativos se prolonguen de manera injustificada, dejando a los egresados en un estado de indefensión”, destacó Licerio Valdés.
La legisladora subrayó que uno de cada cuatro egresados de escuelas privadas no obtiene su título profesional en un tiempo razonable, lo que refleja fallas estructurales en los procesos administrativos, falta de supervisión efectiva y escasa rendición de cuentas por parte de algunas universidades.
Derecho al trabajo y a la educación
De acuerdo con el documento enviado a la Comisión de Educación para su análisis, la iniciativa tiene como objetivo proteger el derecho a la educación y al trabajo digno, evitando que los retrasos en la entrega de títulos obstaculicen la inserción laboral o la continuación de estudios de posgrado.
“Personas egresadas han esperado más de dos o tres años sin recibir su título profesional, impidiendo su contratación en empleos formales o limitando su acceso a mejores oportunidades, lo que genera incertidumbre y frustración, y vulnera derechos fundamentales”, explicó la diputada.
La propuesta busca llenar un vacío legal, al establecer por primera vez un plazo máximo obligatorio para la emisión de los títulos profesionales, fomentando la eficiencia administrativa de las instituciones y garantizando el respeto a los derechos humanos de los egresados.
En caso de aprobarse, la reforma beneficiaría especialmente a egresados de universidades privadas, quienes suelen enfrentar mayores demoras en comparación con las instituciones públicas.
“Con esta propuesta se busca proteger el derecho de los egresados a ejercer su profesión en condiciones de igualdad y justicia”, señaló Licerio Valdés, al recalcar que la medida fortalece el marco legal de la educación superior y promueve un país más justo, equitativo y competitivo.
Cada año, miles de jóvenes mexicanos terminan sus estudios con la expectativa de incorporarse al mercado laboral o continuar su formación académica. No obstante, la demora en recibir su título impide la obtención de la cédula profesional y frena su desarrollo profesional.
Un paso hacia mayor certeza
La diputada enfatizó que el retraso en la entrega de títulos profesionales representa una forma de injusticia administrativa que debe erradicarse. Con la propuesta, se pretende que todas las instituciones educativas particulares respondan en un máximo de 90 días, garantizando que los egresados ejerzan su profesión sin obstáculos ni incertidumbre.
“Esto fomenta la eficiencia administrativa y protege el derecho de los egresados a ejercer su profesión con libertad y sin obstáculos”, sostuvo la legisladora.
Con esta reforma, el Congreso busca cerrar la brecha entre la formación académica y el ejercicio profesional, asegurando que la educación superior cumpla realmente su propósito: abrir las puertas a un empleo digno y bien remunerado para los jóvenes del país.
