Ley contra la extorsión: ¿cuándo se aprobaría en el Senado de la República?
El Poder Legislativo se prepara para dar el paso final a una de las reformas más esperadas en materia penal: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto ha llegado al Senado al prever que su votación ocurra “en los próximos días”.
La expectativa es alta: la norma busca unificar el castigo de la extorsión en todo el país y permitir que este delito se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia de las víctimas. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
¿Cuándo se votará en el Senado?
Recientemente los diputados aprobaron el dictamen que crea la nueva ley, con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones. El texto establece cambios en diversos ordenamientos, entre ellos el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de incorporar sanciones más severas para la extorsión telefónica, digital o mediante “cobro de piso”.
“Se busca homologar el tipo penal de extorsión en las 32 entidades del país y reforzar la coordinación entre fiscalías estatales y federales”, explicó la Cámara de Diputados en su comunicado oficial.
La minuta ya fue turnada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, que afinan los últimos detalles antes de llevarla al pleno.
De acuerdo con fuentes legislativas, el Senado podría discutirla y aprobarla esta misma semana, aunque aún no hay una fecha definitiva para su votación. Una vez avalada, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
El proyecto forma parte de las prioridades legislativas del actual periodo ordinario, por lo que se espera que avance antes de que concluya noviembre.
¿Qué cambiará con la nueva ley?
La propuesta establece que la extorsión se perseguirá de oficio, lo que permitirá a las autoridades actuar incluso sin denuncia de la víctima.
También ordena que los estados adapten su legislación local a un marco nacional uniforme, de modo que los castigos no dependan de dónde ocurra el delito.
Entre las sanciones previstas, se contemplan penas de hasta 25 años de prisión en casos agravados y medidas de protección para víctimas de pequeños comercios, transportistas o ciudadanos que sufran amenazas o cobros ilegales.
En caso de aprobarse, México contaría con una herramienta legal más fuerte para enfrentar uno de los delitos más extendidos y dañinos del país. Por ahora, la expectativa está puesta en el pleno senatorial —donde, si todo avanza conforme al plan, la nueva ley podría aprobarse antes de que termine noviembre.
