Paquete Económico 2026: ¿traerá cambios legales en México?
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
El Gobierno de México presentará este 8 de septiembre el Paquete Económico 2026, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Más allá de lo financiero, el tema tiene un fuerte ángulo legal: se trata de un paquete que debe discutirse y aprobarse bajo plazos constitucionales estrictos y que introduce cambios relevantes en el marco jurídico fiscal. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
Paquete Económico con ligeros ajustes
El Paquete Económico 2026 no solo es un conjunto de proyecciones financieras y presupuestales; también implica cambios legales en materia fiscal y administrativa que impactarán a bancos, empresas y contribuyentes.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum descartó una reforma fiscal de gran calado, sí anunció la eliminación de beneficios normativos que hasta ahora favorecían a ciertos sectores, como la deducción que permitía a las instituciones bancarias restar de sus impuestos las aportaciones al IPAB.
Este ajuste legal fortalece la base de recaudación sin necesidad de subir impuestos y marca un precedente importante en el régimen jurídico tributario.
Además, el paquete incorpora disposiciones para reforzar la tipificación de delitos como la facturación falsa y cerrar los espacios legales que han permitido prácticas de evasión.
De esta forma, el Paquete Económico 2026 se convierte en un instrumento con doble dimensión: financiera y legal, pues no solo distribuye recursos, sino que también modifica las reglas del juego en el cumplimiento fiscal y en la asignación de gasto público.
¿Qué sigue tras la entrega del Paquete Económico?
De acuerdo con el marco de la Constitución, ante la entrega formal el debate legislativo arranca y así la Ley de Ingresos debe aprobarse antes del 20 de octubre y el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de noviembre.
Estos plazos marcan la ruta legal del Congreso y definen la manera en que se asignarán los recursos públicos del próximo año.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
