Violencia obstétrica ya se sanciona en México: Juzgado emite sentencia histórica
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Por primera vez en México, un juzgado federal reconoció que la omisión de atención médica durante una urgencia obstétrica constituye un acto de violencia institucional en contra de una mujer.
La resolución ha sido calificada como histórica por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al sentar un precedente sobre la responsabilidad de las autoridades sanitarias ante casos de violencia obstétrica. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Reconocen violencia institucional y ordenan reparación
El caso fue resuelto por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el marco del amparo en revisión 1834/2023, promovido por una mujer que no recibió atención médica oportuna en hospitales públicos durante el trabajo de parto.
Ante esta omisión, tuvo que acudir a una institución privada y cubrir los gastos por su cuenta.
De acuerdo con la sentencia, la falta de atención oportuna constituyó una violación al derecho a la salud y fue calificada como un acto de violencia institucional, específicamente violencia obstétrica.
Como medida de reparación, el juzgado ordenó a las autoridades sanitarias reembolsar a la mujer los gastos erogados, que ascendieron a 25 mil 42 pesos.
“La resolución reconoce que la falta de atención obstétrica constituye un acto de violencia institucional”, destacó el Consejo de la Judicatura Federal en una publicación oficial.
Un parteaguas en la justicia con perspectiva de género
A través de sus canales oficiales, el CJF calificó el fallo como una “sentencia relevante”, al establecer con claridad que las omisiones médicas en contextos de urgencia obstétrica pueden ser sancionadas legalmente como una forma de violencia de género ejercida por instituciones del Estado.
Esta decisión no solo obliga a reparar el daño económico causado, sino que también visibiliza una problemática común en los servicios públicos de salud: la normalización de prácticas que vulneran la dignidad, integridad y derechos reproductivos de las mujeres.
¿Qué implica esta resolución para futuras denuncias?
La sentencia representa un precedente clave para otras mujeres que hayan enfrentado situaciones similares.
Aunque no crea jurisprudencia obligatoria, sí abre la puerta para que más casos de violencia obstétrica sean denunciados y, sobre todo, sancionados por las autoridades judiciales.
Es decir que, de ahora en adelante, las instituciones públicas de salud deberán prestar mayor atención a sus protocolos de atención obstétrica, pues la omisión en contextos de urgencia ya no será vista únicamente como una falla administrativa, sino como una violación a los derechos humanos.
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