Proponen castigar con hasta 22 años de cárcel el delito de despojo en la CDMX
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Ante el aumento de denuncias por invasión de propiedades en la capital del país, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa para endurecer las penas por el delito de despojo, con castigos que podrían alcanzar hasta 22 años de prisión sin derecho a fianza en casos agravados.
La propuesta fue anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en conjunto con autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y del Congreso local, como parte de una estrategia integral para proteger el patrimonio de las familias capitalinas.
“Cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad. Defender el patrimonio de las familias es defender el bienestar de las personas”, dijo Brugada durante un evento oficial.
Endurecen penas y amplían el delito
La reforma plantea modificaciones al artículo 237 del Código Penal local, aumentando la pena básica de prisión por el delito de despojo a un rango de 6 a 11 años. Sin embargo, cuando el delito se cometa con violencia, uso de documentos falsos, participación de servidores públicos, notarios, o cuando la víctima sea una persona vulnerable, la pena podría ascender hasta 22 años sin posibilidad de libertad anticipada.
Además, se propone crear un nuevo artículo, el 238 Bis, que tipifique como despojo otras conductas, como la ocupación ilegal de inmuebles o la negativa injustificada a devolver un bien, incluso cuando exista algún contrato simulado. Estos casos también serían sancionados con penas de entre 6 y 11 años de prisión.
Por su parte, la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que esta propuesta busca cerrar vacíos legales que han sido aprovechados por redes criminales para apoderarse ilegalmente de propiedades.
“Estamos ante un fenómeno que requiere respuestas contundentes. No se trata sólo de recuperar inmuebles, sino de restituir el derecho a una vida digna y segura”, sostuvo la fiscal.
Nuevas agravantes y grupos protegidos
La iniciativa también contempla la ampliación del catálogo de agravantes, incluyendo la afectación a bienes de uso común, zonas de valor ambiental, y la participación de redes organizadas.
Asimismo, se extiende la protección legal a niños, personas indígenas, embarazadas y descendientes, no sólo a personas adultas mayores o con discapacidad, como se establece actualmente.
Coordinación institucional y atención a víctimas
Además del componente legal, el gobierno capitalino anunció la conformación del Gabinete de Prevención y Atención de Despojos, una nueva estructura que coordinará acciones entre la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía y otras instancias locales.
Como parte del plan, se instalará también una Unidad Operativa Especializada y se lanzará una campaña informativa para alertar a la población sobre prácticas fraudulentas comunes en procesos de compraventa o arrendamiento.
Con esta iniciativa, el gobierno capitalino busca frenar un delito que afecta no solo a la propiedad privada, sino también al tejido social. Por ahora será enviada al Congreso de la Ciudad de México para su análisis y eventual aprobación en las próximas semanas.
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