Tres expertos en justicia penal analizan cuál es la labor de las procuradurías y fiscalías, así como los desafíos de peritos, policías y agentes del ministerio público.
Redacción y fotos: Federico García Martínez
Gerardo Laveaga.- De acuerdo con el artículo 21 de nuestra Constitución, “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”. Sin embargo, el Banco Mundial ha dicho y repetido que la duplicidad de funciones es una de las debilidades de los países menos desarrollados. Si a la policía le toca investigar, como en cualquier país desarrollado ¿qué le corresponde entonces a las fiscalías? ¿Investigar también?
Italy Ciani.- Hoy, las fiscalías son, lisa y llanamente, oficinas políticas. Deberían encargarse de integrar carpetas de investigación y coordinar la labor de policías, peritos y fiscales, lo cual hacen muy mal y con pésimos resultados, a pesar del discurso grandilocuente de sus titulares.
Sigue leyendo: XVI Congreso Iberoamericano de Derecho: por la democracia
Jorge Nader.- El papel de las fiscalías es dirigir jurídicamente una investigación y litigar ante los jueces: decir a los policías qué hacer y, posteriormente, actuar en los procesos. La dualidad constitucional a que se alude ha provocado muchos problemas. Lo vimos cuando se discutió el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo vemos todos los días en los resultados de procuradurías y fiscalías. Éstos carecen de recursos suficientes y las policías, por su parte, no han entendido qué les corresponde hacer. Lo ideal sería que la policía investigara bien y que el MP -procuradurías y fiscalías- persiguieran el delito ante los tribunales, presentando al juez las pruebas y argumentando bien para que éste decidiera si absuelve o condena.
Renato Sales.- Primero, habría que preguntarnos para qué sirve el sistema penal. El inquisitivo buscaba “obtener la verdad”; el acusatorio “solucionar conflictos”. De aquí que, desde 2008, cuando se supone que entró en vigor el sistema acusatorio en México, las facultades se hayan tenido que revisar. En un sistema acusatorio, por supuesto, la policía es la encargada de investigar y el MP, a partir de esa investigación, llevar el caso ante juzgados y tribunales. Pero lo que hoy tenemos, en efecto, es que la policía y el MP hacen lo mismo, lo cual genera escenarios de celos y conflictos: el MP exige a la policía que le pida permiso hasta para tomar un vaso de agua. No se ha entendido que los fiscales no requieren policías, pero que los policías sí requieren fiscales.
Laveaga.- En este escenario de confusiones ¿las procuradurías y las fiscalías deberían ser autónomas? ¿Puede renunciar el gobierno de un Estado al derecho a perseguir los delitos y establecer su política criminal y conceder autonomía a quienes ejercen la acción penal?
Nader.- Desde el momento en que no forman parte de la Administración Pública Federal ni de las estatales y, en cambio, les concede autonomía constitucional, las fiscalías son órganos autónomos para todos sus efectos. En 2008 se confirmó esta autonomía… en la práctica, sin embargo, dependen del Ejecutivo federal o local. Y está bien que así sea pues, más allá del discurso político, las fiscalías son factores de gobernabilidad.
CIANI.- Coincido: Si de veras fueran órganos autónomos, provocarían ingobernabilidad. Lo que desde luego debemos hacer es despolitizar a las fiscalías. Hoy son sitios para dar trabajo a los amigos y compadres y, claro, herramientas para perseguir a los enemigos políticos. Lo demás es secundario. Lo que menos les importa es investigar y resolver los asuntos. Los datos duros sobre los pobres resultados de las fiscalías (¿0.5%? ¿2%?), me dan la razón.
Sales.- La autonomía de las fiscalías es tan mítica como la reinserción social: mera declaración prosopopéyica.
Laveaga.- Se critica a los jueces porque no condenan a los delincuentes o porque los dejan en libertad, luego de que la policía los detiene. Los jueces, por su parte, acusan a las fiscalías: “No nos dieron elementos”; “no probaron los hechos”; “violaron los derechos humanos”…
Sigue leyendo: ¿De qué sirve tipificar el transfeminicidio?
Sales.- La repartición de culpas es de siempre. A veces, el menos responsable es el juez pero, a veces, lo es el MP. En mi experiencia, muchos jueces viven en el Olimpo, alejados de la realidad: citan la jurisprudencia y evocan, solemnes, a la Corte Interamericana, pero no entienden que cuando se detiene a un criminal en tierra de nadie, es imposible acatar cada uno de los requisitos que exige esa jurisprudencia y esa Corte. Creo que ha faltado empatía. Los agentes del MP no conocen el criterio de los jueces y los jueces no conocen la realidad que viven policías y fiscales. Deberían capacitarse juntos, como alguna vez lo intentó con éxito el INACIPE.
NAder.- Los jueces son el último eslabón de la cadena de la justicia y deberían decidir con base en los hechos, en las pruebas recabadas y presentadas por el MP y las partes. Pero, en la práctica, a veces deciden en íntima convicción. Esto puede deberse a que la policía no obtuvo pruebas suficientes, o las obtuvo ilegalmente, o a que el MP no supo argumentar en la audiencia. Esto último es frecuente: los agentes del MP no tienen los apoyos suficientes para desplegar un caso y plantear hipótesis defendibles. Esta falta de capacidades muchas veces lleva los casos al terreno de quién pueda influir más o, incluso, al político.
Ciani.- Por añadidura, en muchas fiscalías se exige a los agentes del MP un sistema de cuotas. Un agente del MP lleva entre 700 y mil carpetas de investigación al año, en contraste con sus pares de Estados Unidos, que llevan entre 20 y 25.
Mientras los jueces tienen una sólida carrera y están bien remunerados, los agentes del MP deben atender turnos de 24×48, lo cual aniquila a cualquiera, situación que los jueces no viven. La disparidad es peligrosa.
Laveaga.- La pregunta que sigue es obligada: ¿todo esto ha sido deliberado? Parecería tan simple poner remedio a esto: más agentes del MP, más capacitación, facultades claras…
Sales.- No lo creo. Los problemas son producto de la escasez y la urgencia. No hay dinero y la procuración de justicia se considera un tema superfluo. No hay políticas de prevención ni planes de prevención penal. Nadie sabe lo que es prioritario y se atiende con la misma “diligencia” el robo de una cartera en el metro que un secuestro, dado que todo es prioritario…
Nader.- En efecto, el Estado no invierte en la capacitación de los agentes del MP. Salvo notables excepciones, ha habido un abandono sistemático: no hay recursos ni humanos, ni financieros, ni materiales. Las oficinas son impresentables. Una vez me dijo un procurador: “Vamos a apoyar al MP en todo, pero no tengo recursos. Hay que hacer más con lo que se tiene”.
¿Resultado? Las plazas van disminuyendo y, cuando una queda vacante, no se llena. Si los gobernantes gastaran menos en campañas políticas e invirtieran más en este campo, México mejoraría. Claro que el abandono existe pero, en una analogía a los delitos culposos, no se quiere: se produce.
CIANI.- Yo, a diferencia de mis colegas, considero que sí es deliberada ¿Para qué gastar en investigaciones cuando ese dinero se puede aprovechar en las haciendas y propiedades de los gobernantes? Basta que muchos delitos merezcan prisión preventiva oficiosa para no tener que gastar en investigaciones. Además, hay gobiernos y gobernantes a los que les conviene la inseguridad y la impunidad para perseguir y absolver, según les convenga ¿No se arrogó el presidente la facultad de perdonar a quien quisiera sin necesidad de juicio?
Laveaga.- A juzgar por algunos preceptos legales y hasta constitucionales, parecería que Italy tiene razón. Por ejemplo, la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 de nuestra Carta Magna niega, de plano, la carrera civil de policías, peritos y fiscales, al permitir que se les pueda echar de su cargo en cualquier momento, sin que ellos puedan ampararse. No existe para ellos el despido injustificado. Con esto, se suprime cualquier incentivo para trabajar, estudiar y progresar como policía, perito o fiscal…
Sales.- En efecto, es una disposición terrible, como siempre lo he sostenido. Viene desde 1999, y la intención de Jorge Carpizo, quien promovió esta medida siendo Procurador General de la República, fue loable: quiso impedir que los policías corruptos ganaran amparos y fueran reinstalados en sus cargos. Pero han pagado justos por pecadores. En 2008, la medida se amplió a peritos y fiscales. En 2016, casi logramos revertir la disposición, pero el gobierno respondió que iba a salir muy caro.
CIANI.- Al final, resulta más caro que se vete a los buenos elementos de por vida, pues la despedida acaba siendo infamante para ellos: “Di todo… y me corrieron injustamente”. Al mismo tiempo, se da a los malos elementos, la oportunidad de engrosar las filas del crimen organizado.
Sigue leyendo: ¿Por qué estoy aquí? Las razones pedagógicas de Ernesto Garzón Valdés
Nader.- Eso, por un lado; por el otro, se desincentiva que lleguen las personas más conocedoras, inteligentes y valientes a esos cargos. Quienes llegan a ocuparlas muchas veces son aquellas que fracasaron en otras actividades o, peor aún, que llegan a lucrar hasta donde puedan antes de que los corran…
Laveaga.- ¿Cuál debiera ser la relación entre los fiscales y la preservación de los derechos humanos, un tema que siempre esgrimen los jueces penales cuando critican la labor del MP?
Sales.- Algunos consideran que garantizar los derechos humanos se opone a una eficaz procuración de justicia, pero nada más falso: un agente del MP capacitado puede ser eficaz sin violentar ninguno de los derechos humanos.
Un agente del MP capacitado sabe, por ejemplo, que puede ingresar a un domicilio sin orden de juez cuando hay personas en peligro. Sabe, también, que puede repeler una agresión y defenderse, si su vida está en peligro. El conocimiento es clave para la eficacia, aun cuando siempre será preferible un culpable afuera que un inocente adentro.
Nader.- El artículo 20 de la Constitución señala que es una prioridad proteger al inocente. El respeto a los derechos humanos, por tanto, es una obligación de carácter constitucional. En ocasiones, el agente del MP lo olvida. Por ejemplo, cuando retiene a una persona sin justificarlo o pide la prisión preventiva o acusa por acusar.
CIANI.- Son perfectamente compatibles y debemos normalizarlos. “Ya no nos dejan ni golpear a los acusados”, se quejan policías y agentes del MP: “nos exigen mucho, pero no nos dejan trabajar”. Hacer que entiendan que es posible ser eficaces sin violentar los derechos humanos llevará tiempo pero, repito, es posible.
Laveaga.- Si en sus manos estuviera mejorar las fiscalías –la federal y las estatales- ¿qué medidas adoptarían?
Nader.- Invertir en recursos humanos, financieros y materiales, para empezar; luego, derogar la fracción XIII del apartado B del 123. Finalmente –y es quizás lo más importante– capacitar, capacitar y seguir capacitando a los agentes del MP, policías y peritos.
Ciani.- El capital humano es esencial. Hay que dedicar tiempo, mucho tiempo, a perfiles y a sueldos. Un juez gana, en algunas entidades, más de cuatro veces más que un fiscal, cuando sus actividades son igualmente importantes. Hay que intervenir, asimismo, en tecnología e infraestructura. Las oficinas, como ya se ha dicho, son impresentables. Finalmente, hay que establecer una política criminal clara. No existe, por asombroso que parezca.
Sales.- Las palabras claves son dignificación y capacitación. Sobre la primera, hay que echar abajo la fracción XIII, por supuesto. Si se despide bien a un mal elemento, nadie tendría que preocuparse de que se le pueda reinstalar. Hay que racionalizar recursos y enseñar a policías y a agentes del MP no sólo a investigar sino a solucionar conflictos. En cuanto a la capacitación, urge la especialización. No se puede capacitar igual a quien investiga robos que a quien investiga secuestros; no es lo mismo un homicidio que un delito financiero.
PERFILES:
–ITALY CIANI
Abogada penalista, exsubprocuradora en la FGJCDMX y profesora del INACIPE.
-JORGE NADER KURI
Abogado penalista y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
-RENATO SALES
Consultor, exfiscal general de justicia en Campeche; exsubprocurador en la FGR.
