¿Qué es la reforma judicial?
Por: Édgar Hernán Mejía López
Es crucial aprovechar la coyuntura actual en la discusión pública nacional para analizar y llevar a cabo la modernización del Poder Judicial en nuestro país, tanto a nivel federal, como en las 32 judicaturas locales. Debemos establecer una agenda con los temas a consensuar, para transformar positivamente nuestra compleja y diversa realidad social.
El Derecho debe importarnos, ya que no hay Derecho sin verdad, justicia, igualdad-equidad y solidaridad, entre otros valores, componentes fundamentales del “deber ser” personal y colectivo. Cuando somos víctimas de lo contrario, nos vemos afectados en el disfrute y goce de nuestras prerrogativas y derechos.
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En términos generales no puede haber derechos sin obligaciones: para gozar, es necesario aportar, como dice el refrán:
“Pides, pero, ¿qué das?” y aplica a cada persona, contribuyente y, con mayor razón, a la ciudadanía.
Salvo excepciones, como los programas sociales, la salud de una sociedad radica en que el Estado-nación, los Poderes Públicos y los distintos niveles de gobierno, junto con sus instituciones y sociedad civil, puedan ejercer óptimamente sus funciones, objetivos y pasiones sin perjudicar ni alterar las reglas.
El liberalismo de izquierda se enfoca en hacer efectiva, tanto en teoría como en práctica, la libertad, la seguridad jurídica y la fortaleza institucional (Rawls).
Su herramienta principal es un “constitucionalismo democrático” que garantiza la vigencia de los derechos humanos sin excepciones. En este contexto, el sistema político y sus subsistemas de partidos, el sistema electoral y el gobierno deben preocuparse, ética y moralmente, por contar con los mejores representantes para ejercer el poder y gobernar, asegurando los mejores resultados posibles.
Nuestro país debe ser formal y materialmente un “Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho“, cuyo objetivo sea minimizar la pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, desempleo, entre otros desafíos. Por el contrario, el desarrollo económico, ecológico y social debe promover una mejor y mayor calidad de vida con educación y cultura.
Esto seguirá siendo una quimera sin un Poder Judicial fuerte en su legitimidad y en su ejercicio diario. La procuración de justicia (fiscalías) y la administración de justicia deben ser sensibles, comprensibles y cercanas a la realidad de la población. De lo contrario, se convierten en un obstáculo para la felicidad en lugar de facilitar su regulación y provisión.
El constitucionalismo establece un límite al poder político absoluto de los gobernantes, permitiéndoles actuar dentro de los confines que la Constitución les consiente. Por otro lado, los gobernados pueden hacer todo aquello que la Constitución no les prohíbe. Este principio implica el sometimiento del poder al Derecho, ya sea constitucional o convencional, la división de poderes y la garantía de derechos humanos con protecciones efectivas para todas las personas, entendida como una esfera de lo indecidible según Ferrajoli.
La democracia, tanto en su sustancia como en su proceso, se caracteriza por mecanismos representativos, participativos y colaborativos entre gobernantes y gobernados, orientados al beneficio del pueblo como lo describe Garzón, quien lo compara con un “coto vedado”. Más allá de las condiciones geográficas, climáticas o leyes específicas, un sistema auténticamente democrático se construye sobre los hábitos del corazón y la mente: las formas de sentir y pensar de la población, como señaló Tocqueville. Es crucial que el pueblo en su conjunto comparta un sentido de igualdad y libertad que se renueve continuamente.
La tolerancia, la pluralidad y la búsqueda de propósitos compartidos son fundamentales para la consolidación de una democracia robusta y participativa.
Al cierre de 2022, el Poder Judicial de la Federación estaba compuesto por mil 496 órganos jurisdiccionales y administrativos, con una plantilla de 54 mil 388 servidores judiciales, incluyendo 910 magistrados y 737 jueces. Ejerció un presupuesto total de 77,407,216,195 millones de pesos y publicó 980 mil 283 sentencias, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023.
Los Poderes Judiciales Estatales, al concluir ese año, estaban formados por 5 mil 315 órganos jurisdiccionales y administrativos, con una plantilla de 73 mil servidores judiciales, incluyendo 627 magistrados, 130 consejeros y 4 mil 398 jueces. El presupuesto ejercido por los 32 poderes judiciales estatales fue de 45,839,663,068 millones de pesos y publicaron en sus sitios web 752 mil 997 sentencias, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.
La percepción del desempeño institucional judicial en la sociedad es variada: solo 22.5% de la población identifica a los juzgadores como autoridades; 58.3% cree que cumplen efectivamente con su labor; solo 59.1% confía en los jueces; y 66% percibe a los jueces como corruptos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública.
Una parte significativa de nuestra actual clase política judicial se comporta como una élite dominante que necesita ser depurada, transparentada (según Mosca) y legitimada.
La lucha actual por su preeminencia se fundamenta en una endogamia hereditaria marcada por el tráfico de influencias, conflictos de interés y nepotismo. Es imperativo transformar esta élite, promoviendo el profesionalismo a través de un servicio civil basado en la formación, capacitación y progresión profesional.
Esto debe incluir la rotación de liderazgos y la erradicación de los cacicazgos, siguiendo la advertencia de Michels de la ley de hierro de la oligarquía.
La idea asentada por Levitsky y Ziblatt de: “Mientras las empresas familiares y los escuadrones de ejércitos pueden regirse por órdenes, las democracias requieren negociaciones, compromisos y concesiones”. Nos hace pensar que las democracias requieren trabajo duro, ya que ciertos grupos suelen tener una estructura más jerárquica y autoritaria, donde las decisiones se toman basadas en órdenes y mandatos de los líderes superiores. La naturaleza del Poder Judicial, de entre los demás poderes es el más antidemocrático, por eso es imperativo democratizarlo cada vez más en la medida de lo posible.
La autoridad y la obediencia son fundamentales en organizaciones. En contraste, una democracia se caracteriza por un proceso participativo y consensual. Aquí, las decisiones importantes se alcanzan con negociaciones entre diferentes grupos o partes interesadas y buscan puntos en común y concesiones donde cada parte cede algo para llegar a un acuerdo.
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Es imperativo iniciar la transformación desde la enseñanza de la cultura jurídica. En nuestro país, la producción de abogados es masiva, con más de 2 mil escuelas de Derecho; la mayoría no cumple con los rigurosos estándares académicos.
Resulta fundamental incorporar el Análisis Económico del Derecho (matemáticas, economía, finanzas y contaduría), la Programación Jurídica, talleres de gestión de cobros y la integración de la inteligencia artificial, informática, electrónica y digitalización jurídica, esenciales para equipar a nuestros abogados.
Es necesario implementar una reforma integral para mejorar la administración y gestión de los poderes judiciales. Esto incluye la plena adopción del control de convencionalidad, el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), así como el impulso al feminismo y la pluriculturalidad, incluyendo el indigenismo y el afromexicanismo.
Además, es crucial establecer la obligatoriedad de la jurisprudencia y los precedentes, fomentar la participación del amicus curiae, y eficientar y democratizar el juicio de amparo.
Es esencial asegurar la edificación del matrimonio igualitario, permitir la adopción por personas no binarias, garantizar un aborto seguro y proteger los derechos de las minorías LGBTQ+. Se debe mejorar la administración de archivos y gestión documental, fortalecer el control interno y combatir la corrupción en el sistema judicial. Además, se deben establecer criterios claros y transparentes para la designación, composición, funciones y competencias de los servidores judiciales.
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Como afirmó Tucídides: “Cuando dejamos de entendernos, el conflicto es inevitable”, a la hora de elegir (no es el hecho de pertenecer a una clase, sino el mérito, lo que da acceso a los cargos más honorables.
Es fundamental garantizar la independencia y autonomía del poder judicial y asegurar un presupuesto suficiente y oportuno. Los procesos judiciales deben ser conducidos con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas para que el Poder Judicial inspire respeto, confianza y certeza. Es crucial que las decisiones judiciales sean acatadas y respetadas por gobernantes y gobernados. Se necesita que el sistema contribuya significativamente a la mejora de México.
