Fabiana Estrada Tena
La reforma constitucional en materia judicial tiene como uno de sus propósitos explícitos el de democratizar la justicia. Estas no son palabras vacías. El voto popular tiene, sin lugar a dudas, el potencial de contribuir a una democratización de la justicia, en el sentido de hacerla más representativa, responsable e inclusiva.
La elección de personas juzgadoras a través de las urnas, le da a la población la posibilidad de influir en la toma de decisiones judiciales, para que reflejen los valores y preocupaciones de la comunidad. El hecho de alcanzar sus cargos mediante elección obligará a las personas juzgadoras a estar más conscientes de sus decisiones y de su comportamiento. Ante la necesidad de rendir cuentas a los votantes estarán obligadas a actuar con mayor transparencia, a emitir sentencias más claras y convincentes, y a abrirse al escrutinio ciudadano.
El proceso electoral fomenta una mayor diversidad en el cuerpo judicial. Al permitir que accedan a los cargos personas de diferentes orígenes y perspectivas, se asegura que los órganos de impartición de justicia reflejen de mejor manera la diversidad de la sociedad, en oposición a la homogeneidad y ostracismo que caracterizó al sistema de carrera judicial, en el que se privilegiaba el conocimiento técnico, por encima de la sensibilidad y pluralidad que hoy se hacen.
Por otro lado, las campañas electorales dan lugar a un espacio en el que las candidatas y candidatos no solo den a conocer sus trayectorias y su visión de la justicia, sino también expliquen con detalle sus funciones, con el fin de que el electorado tome decisiones informadas y acordes a sus propias aspiraciones. Inversamente, las personas candidatas deben estar atentas a las demandas de justicia expresadas por las personas a las que solicitan el voto, lo que supone un acercamiento entre la sociedad y la justicia.
De esta manera, el proceso electoral involucra a los ciudadanos en el sistema judicial, fomentando un sentido de propiedad y compromiso con el funcionamiento justo y eficiente del sistema judicial. Frente a la lejanía y desconfianza, se abre la posibilidad de establecer un nuevo pacto entre la ciudadanía y sus personas juzgadoras, lo que dotará al nuevo Poder Judicial de la legitimidad y confianza pública indispensables para el respeto y la aceptación de sus decisiones.
Hoy las aspiraciones del pueblo de México son claras: queremos un sistema de justicia honesto, en el que no imperen los privilegios, ni las influencias externas. Queremos una justicia social, que haga realidad los derechos para todas las personas, no para unas cuantas. Para que esto sea posible se requiere de una amplia participación que permita entablar este diálogo. Es una oportunidad que no hay que dejar pasar.
