La importancia de un buen perfil para la justicia administrativa.

Por: Romeo Alejandro Moreno Zamorano

En medio de una realidad cada vez más exigente en términos de rendición de cuentas y legalidad, el papel de los tribunales de justicia administrativa se ha vuelto más visible y, sobre todo, más necesario. Si bien por mucho tiempo fueron órganos poco conocidos fuera del ámbito jurídico, hoy su función es clave para equilibrar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Y en ese contexto, contar con magistrados bien preparados, independientes y éticos no es un asunto menor: es una garantía de justicia y de protección frente a posibles abusos del poder público.

Un magistrado en materia administrativa tiene la tarea de revisar y resolver los conflictos legales entre los ciudadanos y el gobierno, cuando una autoridad pública emite actos que pueden considerarse arbitrarios, ilegales o desproporcionados. Esto incluye sanciones, clausuras, licitaciones públicas, contratos, permisos y decisiones fiscales, entre muchos otros. Su función principal es proteger los derechos de las personas frente al ejercicio del poder público, actuando como un contrapeso institucional que garantiza que la ley se aplique de forma justa y sin abusos.

A diferencia de otros jueces, el magistrado administrativo no decide disputas entre particulares, sino que actúa cuando una persona impugna una decisión de una autoridad. Por eso, su labor requiere no solo un conocimiento profundo del derecho, sino también una sensibilidad hacia el interés público y la equidad. Sus decisiones pueden corregir excesos, ordenar compensaciones o anular actos que vulneren derechos, con lo cual se convierte en una pieza fundamental para asegurar la legalidad y el buen funcionamiento del Estado.

La vida cotidiana de las personas puede verse profundamente afectada por decisiones del gobierno. La justicia administrativa existe, precisamente, para corregir ese tipo de actos. Pero para que lo haga de manera eficaz, necesita jueces que comprendan no solo la ley, sino la realidad a la que se aplica.

Uno de los desafíos actuales de esta rama de la justicia es, precisamente, el fortalecimiento de su legitimidad frente a la ciudadanía. En una época en la que la información circula rápido, pero no siempre con profundidad, es fundamental fomentar el voto informado, sobre todo cuando se trata de elegir o validar perfiles para integrar órganos tan delicados como un tribunal. No se trata de demeritar el uso de redes sociales o herramientas como TikTok, que pueden ser valiosas para conectar con la gente. Pero es necesario advertir que la justicia no es un juego, ni puede ser reducida a ocurrencias o tendencias virales. Se requiere conocimiento, responsabilidad y un profundo respeto por las instituciones.

Un buen perfil para magistrado debe combinar experiencia técnica con sensibilidad institucional. No basta conocer el derecho administrativo; es indispensable tener una trayectoria que demuestre compromiso con los principios que sustentan el servicio público: legalidad, imparcialidad, honradez y eficiencia. Además, es importante que los magistrados actúen con autonomía, alejados de intereses partidistas o personales, y guiados por una vocación genuina de justicia.

Más allá de los méritos individuales, quienes aspiran a una magistratura deben entender que forman parte de una transformación institucional más amplia. En un país donde la confianza en el Poder Judicial ha sido puesta a prueba, los tribunales administrativos pueden ser una vía concreta para restaurar esa legitimidad. Resolver conflictos entre ciudadanos y gobierno con imparcialidad y transparencia no solo mejora la imagen de la justicia, sino que fortalece la democracia misma.

En ese sentido, cada nombramiento importa. Apostar por buenos perfiles no es un gesto simbólico, sino una inversión en instituciones más sólidas y funcionales. Los ciudadanos no solo necesitan leyes justas, sino personas capaces de aplicarlas con rectitud. Un magistrado competente puede marcar la diferencia entre la resignación y la confianza, entre el abuso y la legalidad.