Por Claudia Valle Aguilascho
La diversidad cultural es una de las mayores riquezas de México y una fuente inagotable de orgullo. Sin embargo, no siempre se reconoce que también implica un fenómeno jurídico y político profundo: el pluralismo normativo que convive en nuestro país.
En una modernidad que concibió al derecho y al Estado como estructuras únicas y centralizadas, cuesta trabajo aceptar que en México coexisten múltiples sistemas de normas, con distintas autoridades que las crean, las aplican y las hacen cumplir. Pero así es: aquí no hay un solo derecho, sino muchos.
Basta mirar el mapa cultural del país. El INPI ha identificado al menos 70 pueblos indígenas y afro mexicanos organizados en más de 16 mil comunidades. Cada una tiene formas propias de organización, reglas de convivencia y autoridades tradicionales. Esto da lugar a un entramado jurídico sumamente complejo: entre personas dentro de la comunidad, entre comunidades entre sí y entre comunidades y el Estado.
En materia electoral, esta diversidad es especialmente evidente. A la par de las elecciones federales y locales que se celebran cada tres y seis años, miles de comunidades indígenas eligen cada año a sus propias autoridades, mediante sus propios procedimientos, para regular su vida interna y representarse ante el exterior, principalmente a nivel municipal.
Desde el Tribunal Electoral, nos corresponde analizar con extremo cuidado las controversias surgidas al interior de estas comunidades. Por eso hemos asumido la obligación de juzgar con una perspectiva intercultural, que reconozca y respete la diversidad normativa del país. Este compromiso ha permitido construir una línea sólida de precedentes para proteger los derechos colectivos a la libre determinación y la autonomía, con dos exigencias clave: garantizar la eficacia de sus decisiones y minimizar la intervención institucional.
Pero reconocer la autonomía no basta. También debemos garantizar que las personas indígenas participen en condiciones de igualdad en las elecciones nacionales. Para ello se han diseñado acciones afirmativas —como las cuotas de candidaturas indígenas— tanto desde el INE como desde los institutos electorales locales.
Sin embargo, estas medidas aún están lejos de cumplir su promesa. No han logrado garantizar una representación sustantiva ni una agenda política con enfoque verdaderamente indigenista. Se enfocan en lo individual, pero ignoran al colectivo. Y tienen un defecto de origen: las comunidades indígenas no fueron consultadas sobre si estas cuotas, dependientes de los partidos políticos, son el mejor mecanismo para hacer valer su derecho a ser representadas democráticamente.
Además, la sociedad y las autoridades debemos tomar con mayor seriedad las decisiones que se derivan de los sistemas normativos tradicionales. No son solo acuerdos internos: tienen efectos jurídicos y políticos que trascienden el ámbito comunitario.
Todo esto cobra aún más relevancia con la reciente reforma al artículo 2º constitucional, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Este nuevo estatus obliga al Estado a repensar sus instituciones, ampliar los espacios de participación política indígena y hacer realidad su presencia en la vida política nacional.
México no podrá transformarse plenamente sin tomarse en serio su diversidad cultural. No solo como una bandera identitaria, sino como un principio rector del diseño institucional y democrático del país.
