José de Jesús Orozco, impulsor de los derechos político-electorales
Ha participado en la resolución de los medios de impugnación de tres elecciones presidenciales y se caracteriza por su compromiso de defensa, además de su pasión por servir a la nación
Por Clelia Hidalgo
El proyecto de vida de José de Jesús Orozco Henríquez inició en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como becario del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se formó en el litigio, en la academia, a la cual considera “un motivo de vida”, y asegura estar siempre abierto para servir a la nación.
Sus estudios en el extranjero lo llevaron a prepararse en Derecho comparado en la Universidad de California y al regresar a México se reincorporó al instituto cuando Jorge Carpizo fungía como director.
El doctor es fundador de la creación de un tribunal electoral en el país, primero como un organismo autónomo administrativo con facultades para resolver recursos de apelación y quejas; y, posteriormente, como magistrado de un tribunal con atribuciones para supervisar el control de la constitucionalidad.
Desde su oficina en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, misma que ocupó el doctor Carpizo, cuenta en entrevista para El Mundo del Derecho el papel que ha jugado en organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el Tribunal Electoral y otras instituciones.
Sigue leyendo: Retos jurídicos con el medio ambiente: Carlos del Razo
¿Cómo inició su proyecto de vida político?
Héctor Fix Zamudio y Rolando Tamayo, director y secretario técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas me infundieron los principios de la abogacía y me invitaron a ser becario, ahí inicié.
A mediados de la década de los 80, en Costa Rica me involucré con el Derecho electoral, justo en la época en la que el país se caracterizaba por un régimen de partido político hegemónico y cuando a lo electoral no se le prestaba tanta atención. En ese sexenio, el presidente de México Miguel de la Madrid lanzó la convocatoria para una reforma electoral y se creó el entonces primer Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL).
Como secretario académico de la UNAM estaba muy comprometido con la administración del entonces rector Jorge Carpizo y también con una reforma impulsada por el doctor. En 1990 participé en la creación del TRICOEL, como magistrado de la Sala Central del tribunal, con un nombramiento de ocho años y en 1996 llegó otra reforma para dar pie a la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El procedimiento era complejo, por una mayoría calificada del Senado, pero al final tuve el privilegio de ser magistrado de la Sala Superior, con atribuciones para supervisar un control de la constitucionalidad de cada uno de los actos electorales, no sólo un tribunal de legalidad, como era el Tribunal Federal Electoral.
¿Cómo ha sido su trayectoria político-electoral?
Estuve 16 años en el área electoral participando en la resolución de los medios de impugnación de tres elecciones presidenciales, cada una con sus desafíos, además de los miles de cargos, primero federales de diputados, senadores y la presidencial de 1994. En las tres elecciones presidenciales, entre los dos periodos, hubo retos como el levantamiento zapatista y el homicidio del candidato del entonces partido mayoritario, los cuales implicaron varios desafíos.
Me tocó la elección de la alternancia en el 2000, y por primera vez en la historia del país se trasladó por vía pacífica el poder político presidencial de un partido político a otro, en nuestros casi 180 años de vida como nación independiente.
Para la tercera elección, de 2006, el reto fue la elección con resultados estrechos, haber conocido los medios de impugnación y resolver en tiempo.
Otra cuestión significativa en esa época fue impulsar una posición no formalista y garantista, muy comprometida con la protección de los derechos político-electorales que haya impulsado que, de manera recurrente, se invocaran en nuestras decisiones del tribunal electoral no sólo las normas constitucionales y legales que nos regían, sino también los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, los medios de impugnación que conocía el tribunal eran respecto a los actos de la autoridad electoral, similar al amparo, pero no contra actos de los partidos políticos, ese fue otro aspecto a impulsar, pese a la tradición jurídica.
¿Quiénes han influido en su formación?
El maestro Héctor Fix Zamudio y Sergio García Ramírez fueron muy significativos por sus trayectorias como juez y presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, respectivamente.
Era esa mi escuela y, con la plena convicción, lo llevé a la práctica. El doctor Jorge Carpizo también influyó en mi formación.
¿Cuál es la mayor satisfacción de su trayectoria?
Algo en lo que dejé huella de mi función jurisdiccional fue haber sostenido que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano no sólo procedía en contra de los actos de las autoridades electorales, sino también cualquier otra autoridad electoral en el país en 2002. Sostuve que debía proceder el juicio en contra de actos de los partidos políticos para hacer efectiva la protección de los derechos político-electorales de sus afiliados.
Primero me quedé solo en la minoría, pero después, el criterio se convirtió en mayoritario, mis colegas lo aceptaron se conformó jurisprudencia y ahí fue un elemento importante para contribuir a garantizar la democracia interna de los partidos políticos.
Se estaba acostumbrando a que las dirigencias hacían y deshacían y aunque aún hay insuficiencias y cosas en las que hay que avanzar en democracia interna, creo que fue algo que contribuyó.
Sigue leyendo: ¿De qué sirve tipificar el transfeminicidio?
¿Existen medios alternativos para solución de conflictos político-electorales?
Puede haber medios alternativos para la solución de conflictos político-electorales, que no son competencia propiamente del Tribunal electoral, pero es una actividad de frecuente en el ámbito del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, encargados de organizar las elecciones federales y locales, respectivamente.
Ellos, efectivamente impulsan el diálogo y en sus órganos hay participación solo con la voz de los partidos políticos donde atienden sus inquietudes y planteamientos y pueden llegar a tomar decisiones por consenso.
En todo caso si algún partido político o ciudadano considera que esa decisión de la autoridad viola algún precepto constitucional o legal, tiene la posibilidad de impugnarlo y, en su caso, llegar a las Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Como está el diseño yo creo que es virtuoso y estoy convencido de este diseño con todas las imperfecciones y cosas que se puedan mejorar.
Por ejemplo, me preocupa la iniciativa de reformas que ha presentado el presidente de la República, particularmente en el ámbito electoral y judicial. Yo estimo que son de gran preocupación, incluso pueden tener un carácter regresivo si es que se aprobaran en sus términos.
¿Qué le preocupa del panorama político-electoral actualmente?
Una de esas propuestas que, desde mi perspectiva implican mayor regresividad, es el que se pretenda suprimir en la representación política –en la Cámara de Diputados y Senadores–, a los legisladores de representación proporcional o minoritarios.
Esto mismo se propone también para las entidades federativas de que solo se conforme en la Cámara, de acuerdo con lo que se llama por mayoría relativa del partido político, el candidato que mayor obtenga número de votos en una determinada circunscripción, ya sea distrito electoral o entidad federativa, gana. Y el que haya perdido, aunque sea por un solo voto no tiene representación alguna, ahí hay un desperdicio de votos e implica una sobrerrepresentación del partido político.
La reforma que se pretende impulsar es volvernos a la época de los 60.
¿Cuál es el problema de la posible elección en el Poder Judicial?
La politización excesiva de los cargos, en donde no va a ser tan importante la capacidad técnica, su independencia y su honorabilidad que son requisitos indispensables para el desempeño de un cargo que va a resolver los medios de impugnación contra los actos electorales. En lugar de que rijan estos requisitos, va a ser la popularidad y, en los hechos, aunque se diga que no van a participar los partidos políticos, lo van a hacer. Entonces el cargo se le va a deber al partido y aquí es lo preocupante porque en lugar de los 7 o 9 años, se prevé que cambie junto con la elección presidencial.
