Democratización de la justicia

Por Pedro Pablo Castillo Meza

En un contexto de transformación institucional, la elección de jueces por voto popular ha abierto una discusión sobre la naturaleza democrática del Poder Judicial. La independencia judicial y la legitimidad de quienes imparten justicia son ejes fundamentales para garantizar que el derecho no sea un privilegio de unos cuantos, sino un bien accesible para toda la ciudadanía.

El modelo tradicional de designación de jueces ha sido cuestionado por su opacidad y por la posibilidad de influencias políticas en la integración del Poder Judicial, desde hace varios años. La reciente apertura a la elección judicial no solo busca democratizar su acceso, sino también fortalecer la confianza ciudadana en un sistema que ha sido señalado, en ocasiones, por su lejanía con la sociedad.

En este contexto, quienes se han postulado para los distintos cargos judidicales, deben asumir  dicho compromiso con plena responsabilidad y con la firme convicción de que la justicia debe ser cercana, eficaz y equitativa; pues en el caso de Veracruz, un estado con una riqueza cultural y social extraordinaria, los retos en el acceso a la justicia son significativos. Por ello, quienes aspiran a este cargo, deberán de comprender las necesidades de la gente y actuar con la imparcialidad y el profesionalismo que la función jurisdiccional exige.

El reto de ser juzgador en este nuevo panorama implica no solo conocer y aplicar el derecho con excelencia, sino también entender que la legitimidad de la judicatura se construye día a día con la transparencia, la ética y la rendición de cuentas. Los juzgadores no pueden permanecer en una burbuja aislada de la realidad social. La independencia judicial no significa alejamiento, sino la capacidad de decidir con apego a la Constitución y a los derechos fundamentales, sin presiones externas y con plena conciencia del impacto que las resoluciones tienen en la vida de las personas.

Como lo señala la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional en materia de Poder Judicial:

“Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial, sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables.”.

Hoy, más que nunca, es momento de reivindicar el sentido democrático de la judicatura. La sociedad demanda jueces comprometidos con la legalidad, pero también con la sensibilidad social que requiere impartir justicia en tiempos de cambio. La oportunidad de ser electo mediante el voto ciudadano no es solo un mecanismo novedoso, sino una responsabilidad ineludible de responder con integridad y compromiso ante quienes confían en la justicia como pilar del Estado de derecho.

La construcción de un Poder Judicial más cercano y accesible depende de quienes lo integran. Estoy convencido de que, desde la trinchera jurisdiccional, se puede contribuir a fortalecer un sistema de justicia más justo, humano y confiable para todos.