Por Dora alicia Martínez Valero
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México cuenta con 7.4 millones de personas hablantes de lengua indígena, lo que representa el 5.9% de la población de tres años y más. Esta realidad plantea un desafío fundamental para el sistema judicial: garantizar un acceso equitativo e inclusivo a quienes no tienen el español como lengua materna.
El panorama es revelador. Oaxaca encabeza con el 27.3% de población hablante de lengua indígena, seguido por Yucatán (26.1%), Chiapas (23.4%), Quintana Roo (14.1%) y Guerrero (13.9%). Más que cifras, estos datos nos exigen repensar cómo se imparte justicia en un país plurinacional y plurilingüe.
México alberga 69 lenguas nacionales —68 indígenas y el español—, lo que lo posiciona entre las diez naciones más diversas lingüísticamente del mundo y el segundo en América Latina, después de Brasil. Cada lengua representa una cosmovisión, un sistema simbólico complejo que trasciende la simple traducción y desafía los marcos jurídicos tradicionales.
En este contexto, la barrera lingüística en los procesos judiciales se convierte en una forma de exclusión. La falta de intérpretes capacitados y culturalmente competentes multiplica la vulnerabilidad de las personas indígenas. No se trata solo de traducir palabras, sino de hacer comprensibles los conceptos jurídicos, respetando su sentido cultural.
Comunidades como los nahuas, mixtecos, zapotecos o mayas enfrentan diariamente obstáculos que comprometen sus derechos más básicos. Un juicio en un idioma incomprensible es, en la práctica, una negación del debido proceso. Una mala interpretación puede marcar la diferencia entre la libertad y la prisión, entre la justicia y la injusticia.
El sistema penal acusatorio, adoptado en 2008, prometía un acceso más inclusivo mediante la oralidad y la publicidad de los juicios. Sin embargo, la falta de protocolos, recursos y políticas específicas ha limitado su efectividad frente a la diversidad lingüística.
Los retos son complejos: se requieren intérpretes no solo bilingües, sino también biculturales, capaces de mediar entre sistemas jurídicos y cosmovisiones diferentes. La interpretación judicial exige más que técnica; exige empatía, formación y un profundo entendimiento intercultural.
Pese a las carencias, hay esfuerzos valiosos en marcha. Universidades, organizaciones civiles y algunas autoridades judiciales trabajan en modelos de interpretación con enfoque de derechos y pertinencia cultural. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo aislados y carecen de una política pública articulada a nivel nacional.
Superar esta barrera implica más que voluntad: exige inversión, profesionalización, y un compromiso político que reconozca la diversidad lingüística como un valor constitucional. La justicia no puede seguir siendo un privilegio de quienes hablan español.
Acceder a la justicia no debe depender del idioma que se hable. Es un derecho humano básico que el Estado mexicano está obligado a garantizar. La verdadera medida de un sistema judicial democrático es su capacidad de ser comprensible, accesible y efectivo para todas las personas, sin importar su lengua, origen o cultura.
