Por: Maria Valdés Leal
El 1 de junio de 2025, por primera vez en nuestra historia, vamos a elegir a quienes integrarán el Poder Judicial de la Federación, con la esperanza de tener perfiles más sensibles a los reclamos de justicia de la ciudadanía. Nadie puede negar que nuestro sistema de justicia presenta deficiencias que dejan desamparados a los más vulnerables y que mucho pueden hacer al respecto personas juzgadoras con mayor entendimiento y compromiso hacia los derechos humanos. Por este motivo, es importante votar.
Ahora, algunas papeletas presentarán cargos técnicos y materias especializadas que pueden parecer distantes de la vida cotidiana. Esto representa una responsabilidad para quienes aspiran a encabezarlos: acercarlos a la ciudadanía, explicando con claridad cuáles son sus funciones y por qué son relevantes. En este espíritu, este texto busca acercar al lector a la Magistratura de Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Empecemos por lo básico: ¿qué es la competencia económica? Se trata de una materia que se encarga de garantizar que las empresas compitan en condiciones justas, en una cancha pareja. Cuando eso ocurre, tienen que esforzarse por ganar la preferencia de los consumidores, ofreciendo productos o servicios más innovadores, a mejores precios o de mejor calidad.
Para lograr este objetivo, las leyes de competencia prohíben y sancionan conductas que impiden que las empresas compitan de verdad. Además, establecen facultades a cargo de los órganos encargados de aplicarlas para promover la competencia, prevenir condiciones que la obstaculicen y sancionar las prácticas que la dañan.
En ejercicio de sus facultades, las autoridades de competencia han investigado e impuesto multas millonarias a empresas y personas físicas por conductas anticompetitivas como las siguientes:
- repartirse procesos de compra pública de medicamentos, como insulinas y sueros, lo que obligó al gobierno a pagar sobreprecios (de aproximadamente 622.7 millones de pesos) y redujo su capacidad para garantizar servicios de salud a la población;
- acordar aumentos de precios y eliminación de promociones en artículos como pañales para bebés, productos para la protección sanitaria femenina y la incontinencia, generando un daño de más de 500 millones de pesos;
- fijar un rango de precios para el kilogramo de tortilla y establecer distancias mínimas entre tortillerías, impidiendo la apertura de más expendios, lo que generó un aumento en su precio y un daño superior a los 15 millones de pesos; e,
- imponer topes salariales a jugadoras de fútbol e incluso establecer mecanismos para impedirles negociar y contratarse en otros equipos, lo que limitó sus ingresos y movilidad, además de generar un daño superior a los 83 millones de pesos.
Aquí entra la labor de los jueces.
Las normas aplicables, actos u omisiones de las autoridades de competencia pueden ser combatidas mediante el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación que revisará que se encuentren apegados a nuestra Constitución. Estos juicios son conocidos, en primera instancia, por Juzgados de Distrito especializados y, en muchos casos última instancia, por Tribunales Colegiados de Circuito también especializados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo interviene cuando se cuestionan normas generales.
Así, en dichos tribunales se analizan cuestiones de enorme trascendencia económica y social, cuyas decisiones inciden directamente en nuestra vida cotidiana. Para resolverlas de manera adecuada, se requiere formación técnica y experiencia sólida tanto en juicio de amparo -para comprender el proceso- como en competencia económica -para resolver los aspectos de fondo-. Por eso importa, y mucho, quién llega a esos cargos.
En los países donde la política de competencia se aplica de forma consistente, hay mayor inversión, lo que detona el desarrollo económico y la generación de empleos. No es casualidad que esta materia en México comenzara a consolidarse con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por otra parte, la competencia económica es una herramienta de combate a la desigualdad social porque sin ella, la riqueza tiende a concentrarse y la pobreza a profundizarse. Finalmente, incide directamente en temas como igualdad de género, al afectar temas como los ingresos que percibimos o los precios de los productos que consumimos las mujeres.
Por estas razones, la competencia económica no es un tema lejano, sino importante en las elecciones de 1 de junio de 2025.
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