La Precariedad Laboral en el Sector Gasolinero en México: Un Llamado a la Justicia

Yamil Villalba Villarreal

Recuerdo con cierta nostalgia y tristeza las historias que contaba mi papá de cómo en la década de los 50, en Chihuahua, se vio forzado de niño, dadas sus carencias económicas, a trabajar de manera informal y muy precaria como despachador en una central gasolinera: no le pagaban salario, no tenía seguridad social, estaba más de 10 horas de pie, lo obligaban a vender tortas o aditamentos, y de no hacerlo, se lo cobraban de sus propinas.

Al día de hoy, 75 años después, la situación de los trabajadores en gasolineras no ha cambiado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México operan más de 12,000 gasolineras, y en el sector gasolinero trabajan aproximadamente 100,000 despachadores; sin embargo, la gran mayoría de estos trabajadores enfrenta condiciones laborales precarias, caracterizadas por la falta de contrato formal y la ausencia de representación sindical, lo que los pone en situación económica alarmante.

Dada la falta de reglas claras frente a sus funciones, horario, condiciones laborales, los abusos sufridos por estos trabajadores son múltiples. En muchos casos, son obligados a vender productos adicionales, como aceites o servicios de lavado, bajo la amenaza de que si no alcanzan ciertas metas de venta, se les descontará de sus propinas; existen investigaciones que indican que aproximadamente el 70% de los despachadores enfrenta este tipo de presiones; situación que resulta inaceptable.

Como sociedad, es necesario que pugnemos por que el gobierno garantice el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, que establece derechos mínimos en materia de salario y prestaciones, pues las gasolineras, en su afán de maximizar utilidades, eluden establecer las obligaciones laborales correspondientes, operando en la informalidad.

La falta de regulación adecuada y de mecanismos de supervisión por parte del Estado lleva a que muchos trabajadores queden a merced de empleadores que buscan maximizar sus ganancias a costa de los derechos más elementales de quienes sostienen sus operaciones. La presión que enfrentan estos trabajadores no solo afecta su bienestar económico, sino que también repercute en la estabilidad familiar, pues con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas, muchas familias viven en condiciones de vulnerabilidad, lo cual impacta en áreas críticas como la educación, la salud y la nutrición, creando un ciclo de pobreza que se perpetúa de generación en generación.

Desde la reforma laboral de 2019, se han establecido nuevos principios sobre Derechos Humanos en el trabajo; sin embargo, la implementación real de estos cambios es aún insuficiente. La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 82 y 82 Bis, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los empleadores, incluyendo la obligación de pagar reparto de utilidades y otorgar seguridad social. Sin embargo, los despachadores de gasolina son a menudo excluidos de estos derechos.

Este panorama resulta inaceptable si se toman en consideración las grandes utilidades del sector gasolinero en México en la última década. Según la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), los márgenes de ganancia de las gasolineras pueden variar entre 1.5 y 3 pesos por litro de gasolina. Esto significa que, en un volumen de venta que puede superar los 200,000 litros diarios en algunas estaciones, las utilidades diarias pueden ascender a más de 600,000 pesos.

Esta tendencia, sumada al aumento de los precios de las gasolinas en los últimos años, resulta ofensiva si se considera que muchos despachadores de gasolina apenas logran obtener ingresos mensuales que rondan los 7,500 pesos, por debajo del salario mínimo en México, que para este año es de 8,364 pesos mensuales. Ante este panorama, la exigencia de un trato justo y digno hacia sus empleados es no solo lógica, sino necesaria.

Por ello, la precariedad laboral de los despachadores de gasolina en México es una cuestión crítica que no puede seguir desatendida. Ante las elevadas ganancias de este sector, es fundamental reclamar un trato justo, que garantice acceso a la seguridad social y condiciones laborales dignas. La reforma es esencial y debe ser prioritaria para garantizar los derechos de quienes, todos los días, contribuyen al funcionamiento de uno de los sectores más lucrativos del país. No es solo una cuestión de justicia económica; es una urgente necesidad de humanidad.