Por: Diego A. Guerrero García
Desde hace un par de años, cuando trato los temas de corrupción e impunidad en mis clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, comienzo relatando un caso sucedido en Suecia en la década de los noventa, en donde la ex viceprimera ministra Mona Sahlin, encabezaba las listas de preferencias para sustituir a Ingvar Carlsson, ex primer ministro y líder del partido socialdemócrata de dicho país. Sin embargo, en política nada está escrito y esta predilección se terminó cuando Sahlin incurrió en la compra de dos barras de chocolate Toblerone y un vestido, ya que la transacción fue realizada con una tarjeta que solo poseen altos funcionarios suecos.
Esta acción se tradujo en la desaprobación del pueblo sueco, pues, aunque a simple vista el gasto efectuado fue de 35.12 euros (equivalentes a 762 pesos mexicanos en la actualidad), debemos visibilizar que, la corrupción por menor que pueda ser, sigue siendo un acto que puede desembocar en la dimisión de una ex viceprimera ministra. Este ejemplo no solo demostró la molestia de un país, sino también el resultado de una sociedad dispuesta a no tolerar la impunidad frente a actos que no deben llevarse a cabo.
La corrupción es un problema que nos aqueja diariamente, ya sea por apropiaciones indebidas del poder público para conseguir intereses particulares, por el desvío de recursos, o por el uso de relaciones ilegales para generar bienes. En conjunto, estos actos, a través de su ejercicio, afectan en gran medida al bienestar colectivo, constituyendo diversos obstáculos para nuestro estado de derecho.
Una de las grandes interrogantes en torno a esta cuestión, es saber de qué manera podemos contribuir desde nuestro actuar para combatir y erradicar este tipo de hechos, ya que su práctica no solo tiene un efecto negativo en el desarrollo de nuestras instituciones, sino que también contribuye a la pérdida de confianza que tienen los ciudadanos hacia sus funcionarios y autoridades.
Cuando llevamos esta situación al ámbito judicial, el ejercicio pleno de nuestros derechos puede verse afectado cuando su exigibilidad es atendida por aquellos juzgadores que ejercen actos de corrupción, pues también se vulnera el acceso a servicios de salud, trabajo, educación, en conclusión, a la justicia propiamente dicha.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI, en 2023, el 83.3% de las personas consideraron que la corrupción sigue siendo un problema frecuente o muy frecuente. A su vez, apenas el 38.6% de la población percibió a los jueces y magistrados como actores que inspiran confianza.
Ante este contexto, el aprovechamiento de las áreas de oportunidad que nos brinda la reconfiguración del poder judicial se traduce en una situación invaluable, ya que, a través de esta actualización institucional es posible materializar un escenario en el que se garantice la imparcialidad, la transparencia y la legitimidad de procesos que hace unos meses nos eran ajenos.
Lo he dicho en mis clases y en diversos espacios en los que he participado: es fundamental que los operadores jurídicos salgamos a las calles a escuchar a la ciudadanía para informarla y atender sus necesidades. Principalmente, aquellos que nos formamos en escuelas públicas tenemos una deuda con la sociedad que pagó nuestros estudios con sus impuestos, por ello, debemos retribuirles con responsabilidad social.
Caminemos como sociedad hacia una realidad que esté regida por la disciplina y por la ética, y no olvidemos que nuestra participación siempre será el medio idóneo para allanar el camino hacia una justicia humana e inclusiva.
