¿Por qué me arrebataron a mis hijos? (Delito de desaparición forzada de personas)
Por Aide Elvira Trejo Molina
Apenas podía sostenerse María, sus lágrimas no cesaban, la impotencia la embargaba y su cuerpo quebrantado de angustia desfallecía. ¿Quién se ha llevado a mis hijos? ¿Qué le han hecho a mis hijos?, gritaba en la oscura y solitaria noche, esperando que alguien se apiadara de su dolor.
“A nadie puede doler más la pérdida de dos hijos, que a su madre, y no saber de ellos, es como un cáncer que consume lentamente los huesos”, sollozaba María, seis meses después, mientras declaraba frente a la juez en la sala de audiencias, mirando el rostro de aquellos dos hombres que ese día recibieron una sentencia de condena, por la desaparición de sus hijos, quienes nunca volvieron a casa.
En cuanto a este tipo de delitos, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre otros aspectos relevantes, permite la participación conjunta de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, y de los familiares, en las tareas de búsqueda (artículo 5º fracción X); además, establece que durante el desarrollo de las acciones y procedimientos implementados para localizar a las personas desaparecidas, se debe presumir que éstas permanecen con vida (artículo 5º fracción XII).
El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones que se impongan por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, son imprescriptibles y no están sujetas a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza (artículo 14).
Estas medidas y otras, obedecen a que la desaparición forzada de personas es uno de los crímenes más graves y condenables que se pueden cometer en una sociedad.
Se trata de la privación ilegal de una persona, seguida de la negativa a reconocer su detención y de proporcionar información sobre su paradero; es una violación flagrante de los derechos humanos que no sólo afecta a la víctima directa, sino también a sus familiares y comunidades.
Este tipo delitos, como ningún otro, no deben quedar impunes, los responsables deben ser juzgados y las víctimas, así como sus familias, tienen derecho a recibir justicia y reparación.
