La restricción del modelo de comunicación permea a la arena digital
Por Dora Alicia Martínez Valero
Las redes sociales han transformado radicalmente el panorama de la comunicación política en México, creando un ecosistema digital que, si bien ofrece nuevas oportunidades de participación ciudadana, también refleja y amplifica las restricciones del modelo político tradicional mexicano.
En México, el modelo de comunicación política en plataformas digitales se caracteriza por su naturaleza restrictiva. Este enfoque limitante ha sido objeto de atención por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha identificado prácticas que limitan el derecho a la libre expresión en toda América Latina. Estas prácticas restrictivas han migrado del espacio público tradicional al entorno digital, estableciendo barreras significativas para el debate abierto y plural.
Un elemento clave que justifica parte de estas limitaciones es la lucha contra la posverdad, entendida como un clima social que distorsiona deliberadamente la realidad para influir en la opinión pública mediante el uso de emociones y creencias personales en lugar de hechos y datos objetivos. Este fenómeno ha encontrado en las redes sociales un terreno fértil, donde la propagación de calumnias y desinformación puede ocurrir a velocidades sin precedentes, afectando profundamente los procesos democráticos.
Si bien algunas de las normativas restrictivas en redes sociales apuntan a proteger valores fundamentales como: el interés superior de los menores, la prevención de discursos de odio y la erradicación contra la violencia digital, particularmente aquella dirigida hacia las mujeres. Esta última representa una preocupación creciente, pues los índices de violencia digital contra mujeres en México han alcanzado niveles alarmantes, convirtiendo las plataformas sociales en espacios hostiles para la participación femenina en debates políticos.
Un caso reciente que refleja la hostilidad de estos espacios, ocurrió antes de la marcha feminista de este #8M, cuando grupos organizados utilizaron redes sociales para intentar boicotear la manifestación, demostrando cómo estos espacios pueden servir tanto para la movilización democrática como para la intimidación.
Durante los procesos electorales para el Poder Ejecutivo y Legislativo, las restricciones en la comunicación política en redes sociales son ya considerables. Sin embargo, en el contexto de la elección al Poder Judicial, estas limitaciones se intensifican aún más. La normativa establece que la comunicación debe ser orgánica, prohibiendo explícitamente la contratación de publicidad o pautas pagadas para promover candidaturas. Este esquema refuerza el carácter prohibitivo del modelo, limitando significativamente la capacidad de los aspirantes para difundir sus propuestas y generando desigualdades en la visibilidad de los diferentes candidatos.
El desafío actual para México consiste en desarrollar un modelo de comunicación política en redes sociales que, sin caer en excesos restrictivos, permita enfrentar los riesgos inherentes a la era digital. Las formas nocivas de interacción, como la desinformación, la manipulación emocional y la violencia digital, representan una amenaza real para la calidad del debate público y el fortalecimiento democrático.
Frente a este panorama, es indispensable construir un marco que garantice simultáneamente la protección de derechos y la apertura al pluralismo. Las redes sociales deben consolidarse como espacios genuinos de deliberación democrática, donde la ciudadanía pueda informarse, debatir y participar activamente en los asuntos públicos con base en hechos verificables, especialmente en procesos tan cruciales como la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.