La necesidad de brevedad, concisión y claridad en las resoluciones judiciales

Por Adriana Matzayani Sánchez Romo.

La redacción de resoluciones judiciales debe partir de un proceso analítico riguroso que anteceda a la escritura. Este análisis —etapa cognoscitiva— permite a la persona juzgadora identificar los hechos relevantes, el problema jurídico, los elementos normativos aplicables y las razones que sustentan la decisión. Solo después de esta reflexión puede iniciarse la etapa escrita con una estructura lógica, coherente y comprensible.

Uno de los principios fundamentales de una buena resolución es la claridad, entendida no solo como buena gramática, sino como capacidad de comunicar el mensaje jurídico a cualquier persona, no solo a especialistas. Esto cumple con los derechos de acceso a la justicia, información y transparencia. Un lenguaje sobrecargado, lleno de tecnicismos o transcripciones innecesarias, impide que la ciudadanía comprenda el fallo y, por tanto, una escucha activa. Por ejemplo, se deben preferir oraciones cortas, en voz activa, con un solo mensaje por párrafo y evitando ambigüedades, latinismos o arcaísmos.

La brevedad no significa pobreza argumentativa, sino síntesis eficaz. El contenido debe enfocarse únicamente en lo indispensable para resolver el problema jurídico: antecedentes relevantes, hechos controvertidos, pruebas necesarias, normas aplicables y la motivación de la decisión. Transcripciones extensas o repeticiones innecesarias no sólo afectan la comprensión del fallo, sino que implican mayores recursos materiales y humanos, alargando el análisis, dificultando su digitalización  -obligación que tienen todos los órganos jurisdiccionales- y alejando a las personas justiciables del entendimiento del asunto.

La concisión, por su parte, exige precisión. Esto implica eliminar lo accesorio, evitar ideas reiteradas y utilizar términos exactos que expresen con puntualidad lo que se quiere decir. Cada argumento debe contribuir a sostener la conclusión del fallo.

La persona juzgadora debe identificar con claridad los conceptos de violación o agravios relevantes, y expresarlos en lenguaje propio, claro y comprensible. Este proceso de síntesis exige habilidades analíticas, jurídicas y lingüísticas, pues del mismo depende la congruencia, exhaustividad y razonabilidad de la decisión.

Las resoluciones claras, breves y concisas también deben observar un lenguaje inclusivo y respetuoso de los derechos humanos, evitando expresiones sexistas o excluyentes. Usar un lenguaje neutral visibiliza a todas las personas, rompe con estereotipos y hace que el contenido sea más justo y comprensible.

Por último, herramientas como esquemas previos, rúbricas, encabezados claros, notas al pie y formatos digitales contribuyen a estructurar mejor el contenido y cumplir con estos principios.

¡No se trata solo de estilo, sino de garantizar una justicia accesible, legítima y transparente para toda la sociedad!