La infancia no vota, pero importa: la deuda de la democracia mexicana
Por Dora Alicia Martínez Valero
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el 30.4% de la población mexicana corresponde a personas de 0 a 17 años. México enfrenta el desafío de integrar las necesidades e intereses de las infancias dentro de su marco democrático y jurídico. Aunque estos ciudadanos en formación no ejercen el derecho al voto, son titulares de derechos que deben garantizarse mediante políticas públicas resultantes de los procesos electorales.
El sistema electoral mexicano ha evolucionado en las últimas décadas, ampliando la participación ciudadana y fortaleciendo la transparencia. Sin embargo, la intersección entre el derecho electoral y la protección de las diversas infancias sigue siendo un terreno que requiere mayor desarrollo normativo e institucional.
La Constitución Política establece en su artículo 4° el principio del interés superior de la niñez, que obliga a todas las decisiones del Estado a considerar primordialmente el bienestar infantil. Este mandato constitucional debería permear también en la esfera electoral, donde se determinan las autoridades responsables de implementar políticas públicas que afectan directamente a niñas y niños.
El derecho electoral mexicano regula principalmente la participación de adultos en los comicios, pero ha comenzado a incorporar mecanismos que reconocen la importancia de considerar las voces infantiles. Las consultas infantiles y juveniles organizadas por el INE representan ejercicios de participación cívica temprana, donde niñas y niños expresan sus preocupaciones sobre seguridad, educación y medio ambiente.
Durante las elecciones, las propuestas relacionadas con la niñez suelen aparecer en las plataformas políticas de manera genérica, sin compromisos concretos ni mecanismos de seguimiento. Las infancias en México enfrentan realidades muy distintas según su contexto socioeconómico, étnico y geográfico, pero estas diferencias rara vez se reflejan en el debate electoral.
La legislación electoral contiene disposiciones que regulan la aparición de menores en propaganda política. La jurisprudencia 5/2017 del Tribunal Electoral establece requisitos mínimos cuando se difunden imágenes de niñas, niños y adolescentes, como el consentimiento escrito de quienes ejerzan la patria potestad y la consideración de la opinión del menor según su madurez. Sin embargo, estos mecanismos de protección coexisten con la ausencia de espacios formales donde las infancias puedan expresar sus necesidades sobre decisiones que les afectan.
La relación entre infancias y derecho electoral plantea también desafíos respecto a la formación cívica. El sistema educativo tiene la responsabilidad de preparar a niñas y niños para su futura participación democrática, fomentando valores como la tolerancia, el diálogo y el respeto por la diversidad. Esta educación temprana es fundamental para construir una ciudadanía informada y participativa.
La protección especial que merecen las infancias debería traducirse en criterios de fiscalización electoral que evalúen el compromiso de partidos y candidatos con políticas públicas orientadas al desarrollo infantil. Hasta ahora, los mecanismos de rendición de cuentas en materia electoral no incluyen indicadores específicos relacionados con la garantía de derechos de la niñez.
El reto para México es claro: construir un sistema electoral que no solo regule la competencia por el poder, sino que también garantice que quienes resulten electos asuman compromisos verificables con el bienestar de las infancias. Esto implica modificar tanto las reglas formales como las prácticas políticas para dar centralidad a un sector que, aunque no vota, merece la máxima protección del Estado.
El fortalecimiento del vínculo entre derecho electoral e infancias requiere un esfuerzo coordinado de instituciones electorales, partidos políticos y sociedad civil. Solo así se podrá asegurar que la democracia mexicana no solo sea un mecanismo para designar gobernantes, sino también un instrumento efectivo para garantizar los derechos de todos sus habitantes, incluidos los más jóvenes.