La incidencia de la elección judicial en la economía mexicana
Por: Ulises Carlín de la Fuente
El próximo 1° de junio se llevarán a cabo elecciones federales sin precedentes en México. Se renovará del Poder Judicial de la Federación, el 50% de los jueces y magistrados y la totalidad de los ministros. Esta elección, tendría profundas implicaciones, no sólo para la impartición de justicia, sino también para el desarrollo económico del país.
¿Por qué? Porque el sistema de justicia no sólo resuelve conflictos legales, sino que también define la imagen institucional del país ante el mundo. Y esa imagen es clave para los inversionistas, para las calificadoras de riesgo y, en última instancia, para el rumbo económico de México.
Las agencias calificadoras como Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch Ratings analizan múltiples factores para determinar la salud financiera y la estabilidad de un país. Entre ellos se encuentran:
- Indicadores macroeconómicos.
- Finanzas públicas.
- Estabilidad política e institucional.
- Entorno legal y regulatorio.
- Riesgos geopolíticos y externos.
En este contexto, el punto 3 —estabilidad política e institucional— cobra especial relevancia. Aquí se evalúan aspectos como la transparencia, independencia judicial, eficacia de las instituciones y combate a la corrupción. Todos estos elementos están directamente relacionados con el desempeño del Poder Judicial.
Lo anterior, puesto que, aunque este poder no legisla ni ejecuta políticas públicas, su rol como árbitro imparcial y garante del Estado de derecho influye profundamente en la percepción que se tiene de México como destino de inversión. Es decir, en la imagen que pretende proyectar en relación a la seguridad jurídica que existe en el país.
La seguridad jurídica es el principio que permite a ciudadanos y empresas prever las consecuencias legales de sus actos, confiando en leyes claras, estables y aplicadas de forma imparcial. Esta certeza es un activo invaluable. Sin ella, ningún contrato es confiable, ninguna inversión es segura y ninguna sociedad puede progresar de forma sostenida.
Quien garantiza esa seguridad jurídica es, precisamente, el Poder Judicial de la Federación.
Al respecto, hay que mencionar que no basta con que las leyes estén bien escritas o que existan instituciones sólidas en papel. La verdadera fortaleza institucional reside en su capital humano. Jueces, magistrados y ministros deben ser personas comprometidas con la justicia, éticas, técnicas, empáticas y transparentes. Ello, pues una judicatura independiente, profesional y bien evaluada reduce el riesgo país. Por el contrario, un sistema judicial percibido como politizado o poco confiable eleva la incertidumbre y ahuyenta la inversión.
El rumbo del Poder Judicial no es un tema menor ni exclusivo de los juristas. Impacta el acceso a la justicia, pero también la economía, la confianza institucional y el desarrollo nacional.
Por eso, este 1° de junio, votar no es sólo un derecho: es una forma de incidir en la justicia, en la economía y en el futuro de México.