La equidad no es un favor, es el deber de la justicia
Por: Ana María Ibarra
Cuando hablamos de justicia, solemos pensar en igualdad. Pero en un país con tantas desigualdades como México, tratar igual a quien ha vivido distinto no soluciona nada, sólo profundiza las injusticias.
No todas las personas llegan a exigir justicia en las mismas condiciones. Hay quienes enfrentan barreras económicas, lingüísticas, culturales o de género que les impiden defender sus derechos en igualdad de circunstancias. Por esa razón, necesitamos una justicia con equidad.
La equidad exige mirar el contexto, reconocer las historias de desigualdad y activar mecanismos para compensarlas. No se trata de dar privilegios, sino de nivelar el suelo para que todas las personas puedan ejercer sus derechos con dignidad.
Durante mi paso por la Suprema Corte, proyecté sentencias que reflejan mi visión de una justicia con equidad. Porque siempre he tenido claro que no basta con aplicar la ley de manera automática, hay que preguntarse a quién beneficia y a quién perjudica. Permítame compartirle tres ejemplos.
En una ocasión, me tocó analizar un préstamo entre particulares con intereses exorbitantes. Aunque existía un contrato firmado, propuse que no se podía permitir un interés excesivo sólo porque las partes “lo acordaron”. La Corte coincidió, porque cuando hay desigualdad entre las partes, el derecho no puede ser cómplice de los abusos.
Debo ser muy enfática en que prohibir la usura no es limitar la libertad de contratación. Es proteger la dignidad de quien, por necesidad, acepta condiciones desproporcionadas. ¿De qué sirve la firma en un contrato si el desequilibrio de poder es tan grande que anula la verdadera voluntad de los más pobres? La justicia debe ser capaz de leer entre líneas y ver la realidad detrás de los documentos.
En otro caso, una mujer pidió pensión alimenticia tras su divorcio y se la negaron porque contaba con una pensión de jubilación. Propuse reconocer que el trabajo doméstico y de cuidados, ese trabajo no remunerado que tantas mujeres realizan, genera desigualdades económicas que deben ser compensadas. La Corte concluyó que negarle la pensión era inconstitucional. Ese precedente es importante porque reconoce el valor económico del trabajo invisible que sostiene a nuestras sociedades.
Finalmente, en otra ocasión defendí el derecho de un poeta náhuatl a transmitir su programa de radio en su propia lengua. La ley vigente interpretaba que el “idioma nacional” era sólo el español, excluyendo de facto a las lenguas indígenas. Propuse, y la Corte aceptó, que las lenguas indígenas también son nacionales y deben poder usarse libremente en los medios de comunicación. Este caso demuestra cómo leyes aparentemente “neutrales” pueden ser herramientas de exclusión. La justicia debe reconocer y proteger la diversidad cultural de nuestro país.
El derecho no debe ser un muro que separa a las personas de la justicia, sino un puente que las acerca a ella. Los tribunales no deben limitarse a aplicar normas de forma mecánica. Deben preguntarse siempre si esas normas están sirviendo al propósito superior de emparejar el terreno para todas y todos.
México necesita una Suprema Corte que escuche, que comprenda y que actúe con sensibilidad ante las realidades de quienes acuden en busca de justicia. Una Corte que no refuerce desigualdades históricas, sino que las identifique y las combata. Una Corte que sepa distinguir entre igualdad aparente y equidad real.
Para lograrlo, es indispensable elegir ministros y ministras que comprendan que la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la justicia. Perfiles que valoren el contexto de cada caso, que respeten la dignidad de todas las personas y que tengan el coraje de innovar cuando sea necesario para proteger los derechos humanos.
Como Ministra, utilizaré esta visión de equidad en cada decisión. Defenderé una justicia que reconozca las desventajas históricas, que elimine las barreras discriminatorias y que construya un sistema legal verdaderamente incluyente. Sólo así podremos recuperar la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
