La desaparición forzada de personas: una herida que nunca se cierra en la sociedad
Por Fernando Córdova Del Valle
Inicio este tema que es profundamente doloroso y complejo, tratando siempre de que quien lo lea no le genera duda alguna del problema al que nos enfrentamos. Por lo que con la finalidad de hacerme entender trataré de aterrizarlo desde una perspectiva histórica y jurídica pero de manera práctica y sencilla.
Antígona y el por qué está presente en nuestros días
En la tragedia de Sófocles, Antígona, la protagonista enfrenta el edicto de Creonte que prohíbe dar sepultura a su hermano Polinices al considerarlo un traidor. Para Antígona, esta orden es contraria a las leyes divinas y a la dignidad humana, por lo que decide desafiar al poder, aun a costa de su vida. Su historia es un símbolo de resistencia frente a la injusticia, una lucha que resuena en la actualidad con las familias de personas desaparecidas que exigen verdad y justicia.
Una historia que si bien fue escrita hace más de dos mil años, aun resuena en la actualidad al reflexionar sobre la desaparición forzada de personas, que es con letras mayúsculas UN CRIMEN QUE DESPOJA A LAS FAMILIAS DE SU DERECHO A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y EL DUELO.
En México, la desaparición forzada es una de las violaciones a derechos humanos más graves, de las conductas delictivas, de los crímenes o dicho en la forma que quieras, más atroces. Miles de familias buscan a sus seres queridos, enfrentando la indiferencia del Estado y la impunidad que rodea estos crímenes. Al igual que Antígona, su lucha no es solo legal, sino moral y humana: el derecho a recuperar los restos de sus seres queridos, darles sepultura y cerrar un duelo impuesto por la violencia.
La tragedia de la desaparición forzada en México
La desaparición forzada es un delito que vulnera múltiples derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia. En México, este fenómeno se ha convertido en una crisis humanitaria. Según cifras oficiales, hay más de 100,000 personas desaparecidas, aunque diversas organizaciones sostienen que la cifra podría ser aún mayor. Este problema tiene sus raíces en distintos momentos de la historia del país de acuerdo con cifras tomadas de documentos periodisticos, noticias, redes:
- La Guerra Sucia (1960-1980): Durante este período, el Estado mexicano utilizó la desaparición forzada como una estrategia de represión contra opositores políticos. Casos como el de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974, evidencian la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad en estos crímenes.
- El auge del crimen organizado (2006 a la fecha): Con el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, las desapariciones aumentaron drásticamente. No solo actores estatales, sino también grupos criminales han recurrido a esta práctica, muchas veces con la complicidad de autoridades locales.
Pero por supuesto que eso suena o se lee como simples números, simples cifras, y es que la desaparición forzada genera un sufrimiento profundo en las familias de las víctimas, que enfrentan no solo la ausencia de sus seres queridos, sino también el abandono del Estado y la revictimización por parte de las instituciones de justicia.
Es tan grave el delito o la conducta desplegada que es la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es por ello, que el México que se compromete ante instancias internacionales, decidió ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que implica una serie de obligaciones para prevenir, investigar y sancionar estos actos, que no debemos olvidar siguen vigentes.
En el ámbito interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la obligación del Estado de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada. En particular:
El artículo 1° establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
El artículo 29 prohíbe la suspensión de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad jurídica, aun en situaciones de emergencia.
Incluso, en nuestras leyes punitivas, las que castigan delincuentes (ya había referido que no sería utilizado por mí en este tema lenguaja alguno técnico) define la desaparición forzada como un delito castigado con penas de hasta 60 años de prisión.
Sin embargo, la implementación de estas normas enfrenta graves deficiencias, entre ellas la falta de recursos, la corrupción y la impunidad generalizada.
El derecho a la verdad, la búsqueda y la sepultura digna
Refiero e intitulo el derecho a la verdad, tema del que he escrito bajo la idea de que es una necesidad que debería obrar en algún precepto constitucional, porque es y debe ser una obligación del Estado, la cual por cierto fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos emblemáticos como Radilla Pacheco vs. México. Este derecho implica que las víctimas y la sociedad tienen acceso a información sobre lo ocurrido y a la identidad de los responsables.
El derecho de recuperar los cuerpos de las víctimas por una parte, y por otra el darle sepultura, como un tema religioso se afirma darles “cristiana sepultura” como a Jesús Hijo de Dios en su momento le fue otorgado a sus familiares ese derecho, no solo es una cuestión jurídica, sino un acto de justicia, humanidad y memoria.
Desde un punto de vista cultural y religioso como ya referí, la sepultura digna es un derecho fundamental. En muchas tradiciones, enterrar a los muertos es una práctica sagrada que permite a los vivos cerrar el ciclo del duelo. Negar este derecho perpetua la violencia, e impide que las familias encuentren paz y justicia.
La desaparición de personas y su impacto nacional e internacional
Si por tu mente pasa, que deseo y ruego que no, que la desaparición forzada solo afecta a las familias de las víctimas, aprovecho esta publicación para decirte que no es así, la desaparición forzada no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que erosiona la confianza en las instituciones, debilita el Estado de derecho y deja intocada la impunidad. En este contexto, la construcción de una memoria colectiva es fundamental para evitar la repetición de estos crímenes.
Diversos colectivos de búsqueda, han asumido la labor que ellos refieren el Estado ha dejado de lado. Y aunque debemos aceptar que el Estado participa en las búsquedad, lo cierto es que falta mucho, pero mucho por hacer, para que de manera conjunta como sociedad, colectivo, Estado, se logre:
- La localización de fosas clandestinas en distintas regiones del país.
- La creación de bases de datos con perfiles genéticos de desaparecidos.
- La visibilización del problema a nivel nacional e internacional.
El papel de la sociedad civil es clave en la lucha contra la desaparición forzada. Por qué de mi afirmación, porque la presión social ha permitido en materia de búsqueda e identificación forense grandes logros y avances con sus denuncias, con sus notas periodísticas, pero aún queda mucho por hacer.
Concluyo bajo la óptica de Antígona
Así como Antígona desafió las leyes injustas para honrar a su hermano, hoy tenemos la responsabilidad de enfrentar la desaparición forzada con firmeza pero sobre todo con compasión. Exigir la búsqueda efectiva de las víctimas, garantizar justicia para sus familias y promover una memoria que honre su dignidad son actos necesarios para sanar como sociedad.
El Estado tiene la obligación jurídica y moral de actuar con diligencia en la búsqueda de desaparecidos y en la identificación de restos. Sin embargo, esta lucha no es solo del gobierno: la sociedad debe seguir exigiendo verdad, justicia y reparación para que esta herida abierta no siga marcando el destino del país.
La desaparición forzada es un crimen que trasciende a sus víctimas directas; es una agresión contra la humanidad misma. Solo a través del compromiso con la memoria, la justicia y la verdad podremos construir un futuro donde estas tragedias no se repitan.