Hacia un Sistema Disciplinario Garante de Derechos: Retos y Avances para México

Por: Martha Beatriz Pinedo Corrales

En México, asegurar la transparencia en la gestión pública y proteger los derechos fundamentales exige reforzar el sistema disciplinario con estándares internacionales claros. Aunque se ha avanzado en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aún persisten retos significativos. Según datos del SNA, en 2022 se impusieron 1,200 inhabilitaciones, de las cuales el 60% careció de revisión judicial, evidenciando riesgos de arbitrariedad.

Uno de los principales desafíos es garantizar la independencia entre las etapas de investigación y sanción. Actualmente, instituciones como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y las contralorías internas suelen concentrar ambas funciones, generando riesgos de parcialidad, como en el caso del Gobierno de Veracruz (2023), donde la misma autoridad investigó y sancionó sin audiencia previa. Para enfrentar este problema, se propone crear Unidades Autónomas de Investigación, adscritas preferentemente al Poder Judicial, siguiendo modelos exitosos como el Consejo para la Transparencia en Chile. Asimismo, la facultad sancionadora debería transferirse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), como ocurre en España con los Tribunales de Cuentas.

En materia de protección de derechos fundamentales, las sanciones administrativas, como la inhabilitación por hasta 15 años (art. 79 LGRA), afectan indirectamente derechos constitucionales, como la posibilidad de ocupar cargos públicos. Esto contradice estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana en el caso López Mendoza vs. Venezuela (2011). Se recomienda reformar la LGRA para que únicamente los tribunales especializados puedan dictar inhabilitaciones, reservándolas para casos graves de corrupción comprobada y no para errores técnicos o faltas administrativas menores.

Respecto a las garantías procesales, existen deficiencias significativas. Según el Informe del SNA 2023, el 45% de los servidores sancionados denunció falta de acceso oportuno a los expedientes o claridad sobre plazos para aportar pruebas. Ejemplo de ello es el caso del Ayuntamiento de Puebla (2022), donde se negó al acusado la posibilidad de confrontar testigos. Por tanto, es indispensable implementar audiencias públicas previas obligatorias conforme al modelo del Convenio 158 de la OIT, garantizar doble instancia automática y el acceso integral a las pruebas digitalizadas.

Además, es crucial establecer un control judicial automático para sanciones graves como la destitución o la inhabilitación. Actualmente, solo un 30% de estas sanciones son revisadas por el TFJA. Para corregir esta situación, debería exigirse una revisión judicial obligatoria dentro de las 72 horas posteriores a la imposición de sanciones que afecten derechos fundamentales, y asegurar la coordinación entre procesos disciplinarios y penales, evitando impunidad y duplicidad de acciones.

Finalmente, México debe armonizar plenamente su marco disciplinario con los estándares internacionales derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), garantizando explícitamente la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a recursos efectivos. Para ello, se recomienda capacitar a funcionarios y jueces en control de convencionalidad y reformar la LGRA para incluir estas garantías de manera expresa.

Propuestas clave adicionales incluyen crear tribunales especializados en ética pública, publicar estadísticas detalladas sobre sanciones, aplicar sanciones proporcionales exclusivamente en delitos graves, y fomentar la participación ciudadana activa mediante comisiones integradas por académicos y organizaciones civiles.

En conclusión, un sistema disciplinario justo no solo castiga infracciones, sino que fortalece la confianza pública y promueve una administración transparente y responsable. México tiene la oportunidad histórica de liderar en América Latina adoptando reformas que equilibren eficazmente la rendición de cuentas con la protección irrestricta de los derechos humanos.