Por Jazmín Bonilla García
El domingo 30 de marzo del 2025 se convertirá en un día recordado por los libros de historia de México: ¿o no?
Si nos preguntan a quienes elegimos la abogacía como forma de vida, muy probablemente digamos sí: es el día en que dos tipos de abogadas y abogados salieron a las calles, a redes sociales y a medios de comunicación. Por un lado, quienes por primera vez en su vida anhelan portar una toga y, por otro, quienes desean mantener la que ya se habían ganado a través de años de estudio y trabajo.
Por primera vez en México, las redes sociales se llenaron de cientos de abogados y abogadas llamando al voto, algunas personas más creativas que otras: algunas con mayor facilidad de palabra, algunas que saben que la cámara les adora y otras muchas con grandes dificultades para comunicar sus mensajes. Música, bailes, comida, mensajes, discursos, en fin, la creatividad fue el “límite”.
Yo soy una de esas abogadas que salieron a buscar ganarse una toga, pero, por ahora, eso no es lo importante. Lo que sí es importante es la experiencia que me lleva a escribir sobre este tema del que debemos hablar.
Diría que como ya todos sabemos el domingo 1 de junio del 2025 todas las personas tendremos la oportunidad de salir a votar en la primera elección para personas juzgadoras de todo el país, pero estaría mintiendo. Primero, porque no todas las personas saben que habrá una elección y, segundo, porque no todas las personas podrán ejercer su derecho al voto.
Hoy quiero hablar de ellas, de las personas de las que la elección se olvidó.
Luego de una mirada de esas que llama a la complicidad con tu pareja, una voz tímida dijo:
Con esta pregunta confirmé lo que desde meses atrás ya había pensado…
De acuerdo con información obtenida del último censo de población y vivienda que hizo el INEGI, en 2020 existían en México 2’691,338 personas con una discapacidad visual y 8’974,853 con alguna limitación visual usando lentes. Esto es, un promedio de 11 millones de personas, tienen algún problema de salud visual que, en algunos casos, les impide ver.
Existe también un cálculo de que entre el 3% y el 10% de la población en México sufre de algún grado de dislexia que puede incluir la discalculia, o sea, un trastorno en el aprendizaje que dificulta entender cantidades o identificar números o cifras. Un porcentaje similar, del 10%, se estima para personas diagnosticadas con daltonismo que ocurre cuando las personas tienen dificultad para diferenciar colores: como rojo y verde o azul y amarillo.
Sumemos ahora otro dato revelador. De acuerdo también con el último censo de población y vivienda del INEGI, en México hay 4’456,431 personas que no saben leer ni escribir.
Volvamos ahora a la explicación para votar el día de la elección: nos enfrentaremos a cuando menos 6 boletas electorales que se distinguirán por color. En cada boleta habrá una lista muy grande de nombres que dificulta la lectura. Junto a cada nombre habrá un número identificador de dos dígitos. Las personas debemos escribir el o los números que elijamos.
La boleta electoral se diseñó asumiendo que todo el electorado tenemos visión, que sabemos leer, que sabemos escribir, que podemos identificar los colores y que podemos identificar con plenitud todos los números y cifras. Esto, por decir lo menos.
Parece irónico que, esta elección que permitirá a la ciudadanía elegir a las personas juzgadoras que ni más ni menos se encargan de decidir si las autoridades han violado o no sus derechos humanos, se olvidó de algunos grupos en condición de vulnerabilidad, entre quienes se encuentran las personas con discapacidad y las personas que no saben leer ni escribir.
Ya fueron impresas casi 106 millones de boletas electorales. Ninguna de ellas llegará a manos de las personas ciegas -o cuando menos nada se ha dicho de que se hubieran impreso plantillas en Sistema Braille como indica el Protocolo para garantizar el derecho al voto y el derecho a la participación ciudadana de las personas con discapacidad-. El viejo sello “X” -al que también se refiere el protocolo- para marcar la elección de quienes no saben escribir tampoco será útil y tampoco se mandaron a hacer sellos con números del 01 al 64 para que puedan imprimir el número de su elección.
En este panorama no puedo dejar de reflexionar si, en verdad, este domingo 1 de junio todas las personas podremos elegir a las personas encargadas de garantizar que los derechos humanos sean respetados. Pareciera que, esta vez, un porcentaje de ciudadanía que demanda justicia y respeto por sus derechos en condiciones de igualdad, no podrá elegir a las personas juzgadoras que defienden y protegen esos derechos: tendrán que esperar.