Por: Martha Alejandra Chávez Camarena
El próximo 1º de junio de 2025, México vivirá una de las elecciones más trascendentales de su historia democrática. En lugar de elegir representantes políticos como Presidentas, Presidentes, Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras, la ciudadanía de todo el país tendrá la oportunidad de elegir a quienes ocuparán los cargos judiciales más importantes del Poder Judicial de la Federación, así como de los Poderes Judiciales de las entidades federativas que también reformaron en materia judicial sus constituciones locales.
Este proceso, denominado elección judicial extraordinaria, es completamente diferente a las elecciones ordinarias que hemos celebrado en México y, ello, ha generado un amplio interés y diversas reflexiones.
Esta elección tiene una relevancia particular no solo por su carácter inédito, sino también por las implicaciones que tiene para la justicia en el país. Sí bien, hay quienes opinan lo contrario, la realidad es que la reforma constitucional permite a la ciudadanía participar directamente en la elección de las personas juzgadoras, lo cual es un avance significativo, pues genera una mayor legitimidad en el sistema judicial mexicano.
Una de las principales diferencias entre la elección judicial extraordinaria y las elecciones ordinarias, radica en el objetivo de ambas. Mientras que en las elecciones ordinarias se eligen representantes políticos para cargos como la presidencia, gubernaturas y congresos, en la elección judicial extraordinaria se busca elegir a quienes se encargarán de aplicar la ley de manera imparcial. Las y los jueces y magistrados no representan a una comunidad o a algún partido político, su tarea es impartir justicia con total autonomía e independencia, lo cual es crucial para el Estado de Derecho.
La reforma constitucional que posibilitó esta elección tiene, entre otras finalidades, la de asegurar una mayor participación ciudadana en la selección de quienes tomarán decisiones fundamentales en el ámbito judicial, por tanto, este proceso abre una nueva etapa para la democracia mexicana, en función de que la participación directa de la ciudadanía en la elección de personas juzgadoras podrá reforzar la autonomía de quienes serán responsables de impartir justicia, dependiendo de su comportamiento judicial.
Uno de los elementos innovadores de este proceso es la reorganización del mapa electoral tradicional para adaptarlo a la estructura del Poder Judicial Federal. El Instituto Nacional Electoral (INE) creó 60 distritos judiciales electorales, lo que significa que, a diferencia de las elecciones políticas, los votos no se distribuyen de acuerdo con los distritos electorales geográficos, sino según la organización del Poder Judicial de la Federación. Esta medida garantiza que todos los votos tengan el mismo valor, independientemente de la ubicación geográfica de cada votante.
El INE, así como los institutos electorales locales, encargados de la organización y supervisión del proceso electoral federal y de los comicios locales respectivamente, desempeñarán un papel crucial en la correcta ejecución de este proceso extraordinario, la labor de dichos órganos es fundamental para asegurar la transparencia, equidad y legalidad del proceso, ya que no solo se encargarán de la logística, sino que también deben velar por que el sistema electoral respete los derechos de la ciudadanía y que el proceso sea lo más claro y accesible posible.
La elección judicial extraordinaria representa un avance significativo en la democratización del sistema judicial mexicano, ya que, con ella, no solo mejorará la transparencia en la selección de integrantes del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales estatales, sino que también fortalecerá la democracia en general, al permitir que la ciudadanía participe activamente en un proceso que tiene un impacto directo en un derecho fundamental que forma parte de nuestra vida cotidiana: el acceso a la justicia.
El domingo 1º de junio de 2025, México vivirá una elección extraordinaria que transformará la relación entre la ciudadanía y el sistema judicial, estableciendo un precedente histórico para la democracia y la justicia en el país. Es importante salir a votar, porque sin duda ¡cada voto cuenta!