Por: Mariana Merino
Mucho se ha dicho de la reforma judicial. Sus oponentes han destacado problemas como el costo de la elección, la complejidad de la votación, la dificultad que enfrentan los ciudadanos para conocer lo que significa un buen perfil para cargos cuya función es poco conocida. Sus simpatizantes, naturalmente, resaltan las virtudes: una justicia más cercana, juzgadores de diversas formaciones que permitan aportar nuevas perspectivas, la rendición de cuentas de servidores públicos que en muchas ocasiones olvidaban eso, que servían al público.
Cada argumento podría ser desmenuzado y combatido, pero hay un factor que, a pesar de haberlo vivido todos, ha pasado ampliamente desapercibido.
Hasta hace poco, el Poder Judicial había sido una institución ajena a la conversación cotidiana. Sus decisiones transforman vidas, pero su lenguaje y sus procesos han sido lejanos e inaccesibles para la mayoría. Entonces llegó la reforma.
Para bien o para mal, este ejercicio ha sido informativo. Un aprendizaje para millones de mexicanos que hoy, tras horas de noticias y pláticas de sobremesa, tras oleadas de candidatos en las calles y en las redes sociales, conocen mejor al poder judicial. Las campañas han dado mayor visibilidad al sistema de impartición de justicia y generado un sinfín de conversaciones en torno a su naturaleza.
¿Qué importancia tiene esto? Que conocer a ese tercer poder es conocer nuestros medios de defensa más importantes. No, un candidato a juez no puede prometer que llevará agua a los habitantes de una colonia, pero éstos sí pueden exigir a las autoridades que garanticen el derecho humano al agua, a la salud o a la dignidad. Por acción u omisión, las autoridades pueden ser demandadas a través del juicio de amparo, que tiene como propósito defender nuestros derechos constitucionales.
México no es un país particularmente litigioso. Por ejemplo, muchas personas no saben que pueden acudir al Poder Judicial cuando se les niega un servicio esencial. Para muchas personas, el gobierno es una unidad indivisa. Es por eso que se sienten solas al momento de reclamar sus derechos. Pero no estamos solos. El Poder de la Unión se divide en buena medida para eso, para que las personas tengamos protecciones formales contra el propio gobierno.
Los habitantes de una colonia pueden hacer marchas para exigir su derecho constitucional al agua, pero también pueden promover un juicio de amparo. Entonces el juez puede ser quien obligue a las autoridades a garantizarlo. Lo mismo pasa con todos nuestros derechos. Si la sociedad se familiariza con sus mecanismos de defensa, los criterios jurídicos evolucionarán más rápido y las autoridades actuarán frente a una ciudadanía empoderada y consciente de sus derechos.
Este nuevo aprendizaje se puede volver o no una transformación cultural, pero al menos hoy podemos decir que todos sabemos un poco más del Poder Judicial, de su naturaleza y de la forma en la que podemos defender nuestros derechos.
Mi uso de la palabra “mexicanos” no fue casual. Se debe a que este aprendizaje lo hemos tenido todos, desde los dos lados del espectro político. Porque algo es seguro, todos queremos un país más justo. Tras este debate público y las conversaciones alrededor de la reforma, hoy todos los mexicanos estamos de alguna manera más cerca de la justicia.
Los mecanismos para nombrar jueces seguramente irán cambiando con los años, pero el aprendizaje de los últimos meses, por sí mismo, contribuirá al crecimiento de nuestra democracia.