Por Hasuba Villa Bedolla
La transparencia judicial es un principio fundamental del Estado de derecho, cuyo fortalecimiento permite consolidar la legitimidad de las instituciones y garantizar el acceso a la justicia. En México, las recientes reformas en materia de transparencia han impuesto nuevas obligaciones al Poder Judicial, entre las que destaca el papel crucial del Tribunal de Disciplina Judicial como ente garante de esta rendición de cuentas.
Estas disposiciones se inscriben en un contexto más amplio de reforma al sistema judicial y de acceso a la información, en el cual la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha redefinido el esquema de supervisión y fiscalización de las instituciones públicas.
Ante un nuevo cambio de paradigma, es necesario realizar una construcción conceptual sobre lo que se entiende por transparencia judicial y es que dentro de este nuevo paradigma esta puede definirse como el conjunto de normas y prácticas que buscan garantizar que las decisiones judiciales y los procedimientos administrativos del Poder Judicial sean accesibles, comprensibles y fiscalizables por la ciudadanía. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este principio es esencial para el control democrático y la rendición de cuentas de los jueces y magistrados.
Con la reciente reforma en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de transparentar los procedimientos de admisión de casos, asegurando que los criterios para la selección, priorización y resolución de los asuntos sean públicos y verificables. Asimismo, el Tribunal de Disciplina Judicial ha sido facultado para garantizar que las resoluciones judiciales cumplan con los estándares de transparencia y rendición de cuentas.
El sistema judicial en México ha sido criticado por su opacidad, discrecionalidad y la percepción de corrupción. La falta de acceso a información clara sobre los procedimientos judiciales ha generado desconfianza y, en ocasiones, ha limitado el acceso efectivo a la justicia.
Entre los principales problemas derivados de la falta de transparencia se encuentran:
El nuevo marco legal no solo impone obligaciones de transparencia, sino que reconfigura la estructura de supervisión. Con la extinción del INAI, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asume un papel central en la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial adquiere facultades en materia de control y sanción.
Estos cambios responden a la necesidad de fortalecer la confianza en el Poder Judicial, asegurando que los jueces sean evaluados y sancionados de manera objetiva cuando incumplan con las disposiciones legales. No obstante, la efectividad de estas medidas dependerá de su implementación real y del acceso ciudadano a la información pública.
La transparencia en el Poder Judicial ofrece múltiples beneficios, entre los que destacan: mayor confianza en las instituciones, pues la publicidad de los procesos genera legitimidad y credibilidad; y la reducción de la corrupción, ya que, la exposición de criterios y decisiones limita la posibilidad de prácticas irregulares.
Ejemplos de buenas prácticas en otros países, como el United States Public Access to Court Electronic Records (PACER) en Estados Unidos, han demostrado que el acceso a resoluciones judiciales y expedientes electrónicos facilita el monitoreo del desempeño de los jueces y reduce la discrecionalidad en la toma de decisiones.
En México, la implementación de audiencias públicas y la publicación obligatoria de sentencias son avances significativos en esta materia.
La transparencia judicial no es solo un requisito normativo, sino una condición esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho en México. La nueva legislación impone obligaciones más estrictas al Poder Judicial, particularmente en la admisión de casos y en la supervisión a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.
Si bien estos cambios representan un avance en la rendición de cuentas, su éxito dependerá de la capacidad de implementación, el acceso efectivo a la información y la voluntad de las autoridades para garantizar que el sistema judicial sea realmente abierto, accesible y confiable para la ciudadanía.