Por: Romeo Alejandro Moreno Zamorano
Mucho se habla de justicia social como un tipo de política impulsado por los movimientos políticos y sociales que aspiran a construir una sociedad más equitativa a partir de las instituciones del Estado.
Como es concebido, la función jurisdiccional, es creada como una necesidad ineludible de orden armonía y estabilización del orden jurídico, de lo contrario la organización social sería caótica.
De ahí, la importancia del papel del juzgador como transformador social que es fundamental en la evolución y mejora de la sociedad.
Los jueces no sólo interpretan y aplican la ley, sino que también tienen la capacidad de influir en cambios sociales significativos; como puntos clave sobre este rol tenemos a la promoción de la justicia y equidad, en la que se pueden asegurar que las leyes se apliquen de adecuada, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los grupos vulnerables.
No sin ser indiferentes, a la adaptación a cambios sociales, en que los jueces deben ser proactivos y creativos, adaptándose a las realidades sociales cambiantes y proponiendo reformas que reflejen las necesidades actuales de la sociedad.
Y, en defensa de los derechos humanos, en donde los jueces pueden ser defensores de los derechos humanos, asegurando que las leyes y su aplicación respeten la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.
Aspectos que son trascendentes, en la reforma Constitucional que no atañe, pues el Constituyente buscó para el Poder Judicial una legitimación social, a través de la elección popular en que los jueces puede aumentar su legitimidad y confianza pública, haciendo que su función sea más transparente y cercana a las necesidades de la sociedad.
Punto de gran importancia porque los juzgadores transitan hacia un aspecto crucial para asegurar la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia el sistema judicial.
Por ello, es de gran trascendencia la transparencia en los procesos judiciales y la accesibilidad de las decisiones judiciales son fundamentales para que la sociedad pueda entender y confiar en el sistema.
Asimismo, los principios éticos y la conducta profesional de los jueces son esenciales para mantener la legitimidad. Esto incluye la imparcialidad, la independencia y la objetividad en sus decisiones.
La educación de la sociedad sobre el funcionamiento del sistema judicial y la comunicación efectiva de las decisiones judiciales ayudan a construir una relación de confianza y comprensión mutua.
Elementos contribuyen a que los jueces no sólo sean vistos como aplicadores de la ley, sino también como defensores de la justicia y promotores del cambio social positivo para el Estado Mexicano frente al cambio de paradigma de justicia social y humanista.