Por: Nancy Fabiola Franco Gómez
Doña Carlota decidió tomar justicia por propia mano, en contra de quienes detentaban una casa propiedad de su hija. El saldo trágico fue de dos hombres muertos, tres detenidos y una casa presuntamente invadida como testigo silencioso de la desconfianza en las autoridades.
El artículo 17 Constitucional consagra que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, sino que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia por tribunales establecidos, en los plazos que fijen las leyes.
Ese precepto ha sido interpretado por el Máximo Tribunal del país y se ha concluido que la garantía a la tutela judicial es el derecho humano de acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, así como a plantear una pretensión o a defenderse de ella, y que se materializa cuando se da cumplimiento a la sentencia que resuelva la controversia. Es decir, no basta con que existan edificios llenos de expedientes y personas juzgadoras, el derecho de acceso a la justicia implica que se ejecute la decisión judicial, sin importar si nos favoreció o no.
Desde tiempos inmemoriales el hombre ha lidiado con la necesidad de sentir que todo acto injusto recibirá un castigo y que todo mal ha de revertirse al infractor en la misma medida que ha dañado. Para muestra un botón: En el Antiguo Testamento (Éxodo 21:23-25) dice: “Si se produce una lesión grave, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.”
En nuestra era, el acceso de justicia no se garantiza con la existencia de tribunales donde se forman y acumulan expedientes de 9 a 15 horas, se requiere también construir una percepción de confianza para acudir a plantear una demanda o defenderse de ella, es urgente la confianza en los abogados como honestos intermediarios, el fortalecimiento de las defensorías públicas, así como la creencia de que contamos con personas juzgadoras imparciales que dictarán sentencia en plazos razonables.
El problema es claro, parece que los infractores de la ley lo hacen con la seguridad de que no serán castigados y eso se debe a la percepción generalizada de que existe un vacío de autoridad. Para muestra, un triste botón: La desconfianza de doña Carlota en los mecanismos legales y sus operadores terminó en una carpeta por homicidio calificado. A sus setenta y más años, ella espera una sentencia y todos esperamos que no haya más casos como estos. ¿Cuántas Carlotas necesitamos para entender que debemos agotar los medios legales, antes de intentar o aceptar la mordida, la tranza, la dádiva, el arreglo en lo oscurito?, pues si bien es el camino más largo y sinuoso es el único que si elegimos cada vez, nos fortalecería como nación.
