Después del voto: Los retos de un Poder Judicial más justo y humano

Por: Aneshuarely Amarande Riojas Orozco

Superada la elección, la pregunta inevitable es: ¿Qué desafíos enfrentaremos quienes resultemos electos?

El primero será reducir las brechas de desigualdad, especialmente las que afectan a mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad. Garantizar un acceso real y efectivo a la justicia no puede seguir siendo un discurso; debe traducirse en acciones, sentencias y políticas internas del Poder Judicial.

Además, será fundamental combatir la corrupción, el derecho selectivo y el tráfico de influencias. La ciudadanía exige —y con justa razón— que la justicia no dependa del poder económico, político o mediático de una persona. La imparcialidad debe convertirse en norma, no en excepción. Y para ello, el Poder Judicial debe abrirse a la sociedad, rendir cuentas y transparentar sus criterios.

Un reto estructural será lograr que las y los mexicanos conozcan sus derechos y aprendan a ejercerlos. La función jurisdiccional no se limita a resolver conflictos: también debe educar, orientar y empoderar jurídicamente a la población. No puede haber justicia si quienes la necesitan no saben cómo acceder a ella.

Debemos, además, convertir al sistema judicial en una herramienta real para la paz y el bienestar. Hoy, para muchas personas, ir a juicio es desgastante, costoso y frustrante. Esto tiene que cambiar. La justicia debe ser accesible, ágil, empática y centrada en las personas.

Sin embargo, no será fácil. Transformar una institución como el Poder Judicial implica incomodar estructuras históricamente privilegiadas. Habrá resistencias, internas y externas. Pero quienes lleguemos con vocación de servicio debemos tener la convicción de que vale la pena incomodar si es por una causa justa.

¿Y qué buscamos combatir con esta reforma? La impunidad, sí, pero también el abandono institucional. Queremos erradicar la revictimización, la corrupción silenciosa y la falta de sensibilidad en quienes ejercen autoridad. No se trata de castigar por castigar, sino de garantizar que los derechos humanos sean una realidad cotidiana y no un lema vacío.

Queremos acabar con los privilegios, con el clientelismo judicial y con el miedo a denunciar. Queremos un derecho accesible, empático y con rostro humano, donde las personas se sientan escuchadas, no ignoradas.

Esta elección no solo definirá nombres, sino el rumbo de nuestro sistema judicial. Y por eso, cada voto, cada voz, y cada esfuerzo vale profundamente la pena.