La cancha desnivelada: retos legales para la equidad de género en el deporte mexicano
Por: Dora Alicia Martínez Valero
El deporte mexicano refleja una paradoja fundamental: mientras celebramos los triunfos de nuestras atletas en competencias internacionales, persistimos en mantener estructuras jurídicas que perpetúan desigualdades de género. Esta contradicción expone una brecha persistente entre los principios constitucionales de igualdad y la realidad cotidiana de las mujeres deportistas en México.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos primero y cuarto la prohibición de discriminación por género y la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, mientras que el artículo tercero reconoce el derecho al deporte. A su vez, la Ley General de Cultura Física y Deporte señala que debe vigilarse el cumplimiento de la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales. Sin embargo, esta disposición se limita a procesos electorales y no aborda de manera integral otros aspectos de la desigualdad de género en el ámbito deportivo.
Diversos análisis sobre la incorporación de la perspectiva de género en la política deportiva mexicana evidencian que la desigualdad y discriminación por razones de género siguen siendo prácticas comunes. En el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, la participación de mujeres en cargos directivos apenas alcanza el 17.8%. Incluso en federaciones con alta participación femenina, como la gimnasia rítmica o el softbol femenil, las mujeres están subrepresentadas en los consejos directivos, lo cual perpetúa una brecha estructural de representación.
La disparidad salarial entre mujeres y hombres en el fútbol profesional mexicano ilustra de forma clara la desigualdad estructural. Según datos de 2020, el salario mensual de una futbolista en la Liga MX Femenil va de los 2,500 a los 30,000 pesos, siendo esta última cifra percibida por un grupo muy reducido; el resto recibe menos de 6,000 pesos. En contraste, el salario promedio mensual de los futbolistas varoniles ronda los $750,000 pesos, más de 200 veces el salario promedio de la liga femenil. Estas disparidades violan el principio constitucional de igualdad y contravienen tratados internacionales ratificados por México.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por México en 1981, obliga al Estado a asegurar condiciones de igualdad en el acceso a programas deportivos. El Comité CEDAW expresó su preocupación en 2018 y 2022 por las persistentes desigualdades de género en el deporte mexicano, instando a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación estructural.
Los desafíos jurídicos del sistema deportivo mexicano son múltiples. Las deportistas que enfrentan discriminación carecen de procedimientos efectivos para denunciar estas situaciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o tribunales federales. Los órganos jurisdiccionales deportivos, como el Tribunal de Justicia Deportiva de la CONADE, no cuentan con protocolos específicos para atender casos de discriminación de género ni con mecanismos accesibles para las víctimas.
Entre las reformas legislativas prioritarias se encuentran la modificación de la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar cuotas mínimas de participación femenina en órganos directivos de federaciones; el establecimiento de sanciones específicas por prácticas discriminatorias; y la creación de un fondo especializado para el desarrollo del deporte femenino. Asimismo, resulta urgente establecer una Defensoría de los Derechos Deportivos que investigue denuncias por discriminación y promueva políticas públicas con perspectiva de género.
La igualdad de género en el deporte mexicano constituye una obligación jurídica derivada tanto del marco constitucional como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Las victorias de atletas como Paola Espinosa, María del Rosario Espinoza, Ana Gabriela Guevara y Alejandra Valencia evidencian el potencial del deporte femenino mexicano cuando cuenta con apoyo institucional adecuado. Es momento de que el derecho mexicano acompañe este camino hacia la igualdad plena, creando condiciones normativas que permitan que todas las mujeres mexicanas desarrollen su potencial deportivo y contribuyan al desarrollo nacional y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.