Los desafíos para la nueva cara del Poder Judicial
Por: Romeo Alejandro Moreno Zamorano
La reforma judicial de 2024 comprende una redefinición del papel del sistema mismo de justicia, en su esencia, busca transformarlo para que sea más justo y accesible, abarca aspectos que van desde la elección de los operadores judiciales hasta la reestructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la creación de nuevos órganos de vigilarán su actuar. Se presenta como una forma de responder a las demandas sociales por una justicia más pronta y efectiva, cuyo objeto primordial es mejorar la calidad del servicio judicial y fortalecer la confianza en las instituciones.
De forma antagónica, diversos académicos, políticos, estudiantes y parte de la iniciativa privada han expuesto su inquietud por los posibles efectos de esta reforma en la vida política y judicial de México, alertando sobre la disolución de la división de poderes en el país, parcialidad de los jueces para beneficiar a algunos sectores económicos e incluso la posible protección a organizaciones delincuenciales.
Ante tal panorama, las personas que serán elegidas para ocupar los diversos puestos dentro del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como local se enfrentarán al mayor reto que por décadas dichas instituciones habían experimentado, en principio deberán de cumplir con el mandato social de democratizar al Poder Judicial para que la sociedad se vea representada en la toma de las decisiones judiciales, lo que logrará con la ejecución de su función con eficiencia, eficacia e imparcialidad, haciendo así, que la sociedad tenga confianza en el uso de las reglas del sistema judicial por parte de sus instituciones y crear una situación de normalidad que coadyuve a la paz social.
De la misma forma, ofrecer garantías suficientes para que no haya duda respecto de su imparcialidad e independencia, es decir, su actuar deberá de estar libre de influencias externas, provenientes de los otros poderes del Estado o de grupos de interés. Esta libertad judicial será fundamental para que tomen decisiones basadas en la ley y no en respuesta a presiones políticas o económicas.
El camino se ha abierto y el tránsito hacia un sistema de justicia más eficiente y equitativo se ha despojado de la indiferencia que castigó la provisión del servicio de la justicia durante muchas décadas.
Es evidente que, para enfrentar los desafíos aludidos el objetivo central que guíe a los nuevos juzgadores debe partir de la promoción de la justicia social, para convertirse en el eje más trascendente del constitucionalismo democrático, desde un enfoque a los derechos humanos, humanizar, reconciliar y derribar las brechas sociales para fortalecer el tejido social y promover la inclusión.
