La historia de Ana y el llamado a una justicia humanista, con sentido social

Por: Manuel Antonio Correa

En mis años como servidor público en el Poder Judicial de la Federación, he aprendido que detrás de cada expediente hay una vida, una historia que merece ser escuchada. El caso de Ana —así la llamaremos para proteger su identidad— es una de ellas. Ella representa un ejemplo que ilustra una falla sistémica y, al mismo tiempo, refleja con claridad el tipo de justicia que debemos alcanzar en todos los espacios del Poder Judicial.

En Santa Martha Acatitla, una mujer privada de la libertad esperaba, como muchas otras, que el sistema le diera una oportunidad para defenderse. Después de meses sin avances en su proceso, Ana presentó por su cuenta una demanda de amparo. Quería ejercer su derecho, pero un error al momento de entregar el documento —la copia fue entregada, pero el original quedó fuera del expediente— provocó que el juez desechara su solicitud.

Un tecnicismo pesó más que su libertad. El formalismo superó al sentido de justicia. El sistema falló.

Cuando el caso llegó al Tribunal Colegiado, me correspondió proyectar la resolución. Revisé el expediente no solo con los ojos de la técnica jurídica, sino con la convicción de que la justicia debe tener rostro humano. La voluntad de Ana de defenderse era clara. El error no fue suyo, sino de quien la apoyó en la entrega del documento.

Propuse admitir su demanda. El tribunal coincidió. Ese fallo no fue solo una corrección procesal: fue un acto de justicia. Fue la afirmación de un principio en el que creo profundamente: el acceso a la justicia no puede depender de tecnicismos, y mucho menos cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, que no tienen recursos para pagar grandes despachos de abogados.

La historia de Ana nos recuerda que sí es posible mejorar el sistema de justicia con una visión humanista, que dé paso a una justicia social, que proteja a los grupos vulnerables y a quienes menos tienen.

Hoy, como aspirante a magistrado de circuito en materia penal, quiero llevar esa visión al centro de cada decisión jurídica. Creo en un sistema que actúe con responsabilidad social, que ponga en primer plano la dignidad humana y que transforme la vida de quienes más lo necesitan.

Si la confianza de las y los ciudadanos de las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza me coloca en el lugar de mayor responsabilidad como magistrado de circuito, seguiré defendiendo esa misma convicción: la justicia no debe ser un laberinto de tecnicismos ni un privilegio para unos cuantos. La justicia debe ser accesible para todas y todos, sin excepción.

Ana no se rindió. Nosotros tampoco debemos hacerlo.