La Justicia que merecemos requiere 3 de 3
Por María Elisa Vera Madrigal
El 4 de abril pasado la organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana y los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Locales Anticorrupción de todo el país anunciaron la iniciativa tres de tres, dirigida a todos los candidatos de la reforma judicial.
La llamada “3 de 3” es una iniciativa que busca incentivar que quienes somos candidatos a puestos de elección popular presentemos y hagamos públicos tres documentos clave (la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal) y de esa manera aportar a la ciudadanía un criterio adicional para evaluar la integridad, independencia y probidad de las candidaturas.
Desde que el constituyente decidió establecer el voto directo como mecanismo para elegir a las personas integrantes de los poderes judiciales era de esperarse que la sociedad civil organizada exigiera a los candidatos la 3 de 3. Esta iniciativa, que surgió tras los escándalos de corrupción de 2014, hizo que ese año pasara a ser recordado como uno de los más victoriosos para la sociedad civil organizada. Fue en noviembre de 2014 cuando el portal Aristegui Noticias difundió el reportaje “La Casa blanca de Enrique Peña Nieto”. A este le siguieron otras investigaciones periodísticas tales como “La Casa de Malinalco” y los cuantiosos contratos de Grupo Higa, por mencionar los más emblemáticos. Consecuencia de estos destapes, el gobierno en turno enfrentó una intensa crisis política y de legitimación institucional. Fue entonces cuando Transparencia Mexicana decidió impulsar la iniciativa 3 de 3. En los meses siguientes, otras sociedades civiles como IMCO y centenares de ciudadanos se unieron a exigir a los entonces candidatos a gubernaturas y municipalidades del país que declararan a cuánto ascendía su patrimonio, que hicieran públicos sus conflictos de intereses y presentaran constancia de pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria.
En aquel momento se planteó como una herramienta ciudadana para incentivar a los candidatos a algún cargo público a transparentar su situación personal y profesional. No se trataba de una iniciativa vinculante en términos legales, pero se planteaba como una exigencia ética de la ciudadanía. Poco a poco comenzó a ganar notoriedad y relevancia pública, hasta que en marzo de 2016 seiscientos treinta y cuatro mil ciudadanos presentaron una iniciativa al Congreso para exigir que la 3 de 3 se convirtiera en ley. Las reformas legislativas lograron la obligatoriedad de la 3 de 3 para todos los servidores públicos en funciones, deber que ahora está expreso en el capítulo tercero, sección primera, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que simbolizó un enorme triunfo para el combate a la corrupción en México.
Nuevamente, la sociedad civil exige que la integridad sea uno de los factores decisivos para determinar por quién votar en la primera e histórica elección judicial que se aproxima el 1de junio siguiente. La presentación y publicidad de la declaración patrimonial permite conocer el patrimonio de las y los funcionarios antes de su gestión y, de esa manera, lograr una mayor trazabilidad del crecimiento de su patrimonio durante su gestión. Además, abre la puerta a transparentar posibles conflictos de interés que puedan poner en riesgo el desempeño de su cargo e influir en sus decisiones. Finalmente, da pie a comprobar si están al corriente con sus obligaciones fiscales, como le corresponde hacerlo a todos los ciudadanos. Quizá de los datos más relevantes para esta elección judicial es la necesidad de conocer el listado de empresas o personas con quien el o la candidata guarde relación abogado-cliente, elemento que resulta toral para garantizar la independencia judicial.
La iniciativa señala que, en esta primera fase, se pondrá especial atención en la presentación de la #3de3 por parte de quienes somos candidatos al Tribunal de Disciplina. El esmero en quienes somos candidatos a este máximo órgano de responsabilidades no es ocioso: si este Tribunal será la brújula moral del nuevo Poder Judicial de la Federación, existe una necesidad reforzada de que lo integren perfiles que cumplen con un estándar de integridad. Esas cinco personas serán la cara de la justicia, de la esperanza y de la entereza que pide a gritos este país y que fue el motor de la reforma. La integridad no es una opción para quienes aspiramos al Tribunal de Disciplina Judicial, es un requisito indispensable para desempeñar dignamente la función que la nación nos demanda.
El verdadero valor de esta iniciativa estará en permitir la vigilancia de los futuros jueces y magistrados antes, durante y después del proceso electoral, labor que igualmente corresponderá al Tribunal de Disciplina Judicial. Hoy más que nunca, es clave que quienes aspiramos a uno de los cargos de elección popular asumamos la transparencia como un deber, no sólo como un requisito. Abrir nuestras trayectorias, intereses y patrimonio al escrutinio público es muestra de nuestro compromiso con una justicia más íntegra y reconocimiento a la posición de liderazgo moral que asumirán quienes ocupen alguno de los cinco curules del máximo Tribunal disciplinario del país.
Hasta el momento, la postura de la mayoría de los candidatos hacia la iniciativa #3de3 es de desconfianza. Se teme, por supuesto, que personas sin escrúpulos hagan uso de los datos entregados para golpeteo político. De ser el caso, la nación habrá de juzgar a quienes decidan tomar ese deshonroso camino, pues no hay nada más honorable que abrirse ante la ciudadanía y confiar en que así hacerlo es dar el siguiente paso hacia la justicia que este país necesita. Y no hay nada que este país necesite más que instituciones y servidores públicos más íntegras, más honestas y que cuenten con la confianza ciudadana. Presentar la 3 de 3 no es un salto al vacío, es un salto de confianza al futuro de este país y de los mexicanos. Es un reconocimiento a que, si la reforma judicial es una realidad, nos toca a todos y todas asegurarnos que el futuro se construya con integridad
