Por Victor Hugo González Rodríguez
Cada país decide la forma en que se selecciona a las personas juzgadoras. Han prevalecido los modelos de concurso, pero también existen modelos de selección política, por voto popular y eclécticos.
El modelo de concurso consiste en que las personas que aspiran a ocupar un cargo de magistrada o de jueza, deben superar los exámenes de oposición consistentes en conocimientos teóricos, empíricos, de aptitudes y, en algunos casos psicométricos.
En ese modelo de selección asumen el cargo de personas juzgadoras los mejor evaluados. Para Ferrajolli, por ejemplo, el modelo por concurso es el que mejor responde a que los más aptos en el Derecho, sean quienes juzguen a sus pares.
El modelo de asignación política de las personas juzgadoras consiste en que sea un órgano del Estado quién decida a las personas que ocupen el cargo, regularmente dicho órgano es el Poder Legislativo; también podría ser el Poder Ejecutivo, o a través de procesos que recurren a ambos poderes e incluso, a propuesta del Poder Judicial. Este modelo reconoce la importancia de los consensos y equilibrios de poder.
El modelo de elección por voto popular se sustenta en que sea la sociedad quien a través de las urnas decida qué personas ocupan el cargo de personas juzgadoras.
En dicho modelo las Magistradas y Magistrados y las Juezas y Jueces ocupan el cargo cuando obtienen el mayor número de votos. Se percibe dicho modelo como el más democrático de todos, no obstante, para su legitimidad requiere de la información y la participación ciudadana.
Recientemente en México se instituyó el modelo de selección de personas juzgadoras a través del voto popular y el 1 de junio será la primera vez en que la sociedad puede acudir a las urnas para cruzar la boleta y decidir quiénes serán Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces y Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina.
El modelo es novedoso, antes prevalecía el nombramiento por concurso y el político. No será una tarea fácil la consolidación del novel modelo de selección de personas juzgadoras, requiere del compromiso de todos los ciudadanos y de las personas servidoras públicas que coincidan en que la justicia es la forma moderna de dirimir los conflictos.
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