Acercar la justicia a las personas … pero ¿cómo?

Por Jazmín Bonilla García

Desde el 30 de marzo de este año las redes sociales se han inundado de personas candidatas a juzgadoras afirmando que, de resultar electas, acercarán la justicia a la gente.

Hemos escuchado tan solo algunas propuestas y, aunque algunas de ellas son interesantes, parece difícil que se puedan convertir en el remedio a una legítima queja ciudadana de ineficacia y lentitud en la impartición de justicia, solemnidad en las sentencias y falta de solución real a los problemas que llevan a juicio. Más aún, parecen difíciles de implementar en forma inmediata o a corto plazo si tomamos en cuenta que la elección judicial renovará el poder judicial federal y, en consecuencia, las nuevas personas juzgadoras (881 para ser exacta) tendrán su propia curva de aprendizaje.

En los poco más de 20 años que he trabajado en el Poder Judicial de la Federación he tenido en mis manos juicios que me han hecho sentir la desesperación de una madre cuya hija fue víctima de violación y la autoridad ministerial la revictimiza, la indignación de una mujer que fue despedida por estar embarazada, la frustración de un hombre con discapacidad mental a quien la autoridad le negó los medicamentos que requiere, el enojo de una mujer a la que el gobierno la acusó de despojo enviándola a la cárcel para apropiarse de su casa y liberar la construcción de un fraccionamiento… En fin, múltiples casos que demuestran que, para las personas, la justicia está muy lejos de llegar.

Las enormes cargas de trabajo que llegan a juzgados, tribunales y la Suprema Corte son una realidad: Juicios que simplemente son reflejo de la cantidad de injusticias que se comenten por parte de las autoridades en perjuicio de la ciudadanía que acude al sistema de impartición de justicia federal para dar solución a sus problemas de injusticia.

Cada juicio representa a una persona esperando ser oída, pero no solo esto: las personas quieren que sus juicios se resuelvan lo más rápido posible para que las injusticias que padecen se terminen. La llegada de sus casos al poder judicial federal normalmente ya les tomó un tiempo considerable de espera ante otras autoridades legislativas, administrativas, ministeriales y judiciales, por ejemplo, en sus propias entidades federativas.

Cada expediente tiene un rostro, una vida, un legítimo reclamo para salvar, en algunos casos, su libertad personal, en otros su patrimonio, en otros muchos su salud y la integridad física, pero siempre en la búsqueda de que se respete uno o varios derechos.

Acercar la justicia a las personas, desde mi punto de vista, debe ser analizado desde esta perspectiva. Entender este acercamiento solamente en su literalidad referida exclusivamente a una proximidad física entre las personas juzgadoras y la ciudadanía, no colmará por sí mismo el reclamo de que la justicia en nuestro país es lenta, costosa, corrupta e inaccesible. Se necesita un esquema integral de solución.

Pero entonces ¿cómo hacerlo? Estoy convencida que debemos implementar, para empezar, algunas acciones concretas en forma inmediata.

Mucha de esta lejanía obedece a que algunas personas juzgadoras y quienes con ellas colaboran no permiten que la ciudadanía acuda a hablarles de sus expedientes. Es un legítimo reclamo de las personas el querer que quien está a cargo de su caso que, repito, no es solo un expediente, sino su libertad, patrimonio, salud, etcétera, le escuche.

Abrir las puertas implica entender que las personas quieren que las escuchemos. Abrir las puertas significa también entender que muchas veces los traslados son muy difíciles y costosos por lo que las tecnologías de la información nos pueden permitir acercarnos en forma inmediata sin descartar de antemano algunos otros métodos de acercamiento territorial.

Otra forma de acercarnos a las personas, como jueces y juezas constitucionales, implica entender que para juzgar con perspectiva de derechos no basta ni es suficiente un protocolo, un manual ni la norma nacional o internacional. Juzgar con perspectiva de derechos, implica empaparse de la situación que se está juzgando:

• ¿Queremos saber si una medida adoptada en una sentencia va a tener un verdadero impacto favorable en las personas con discapacidad? Eliminemos barreras que obstaculizan su acceso a la justicia y escuchémosles.
• ¿Queremos saber por qué una mujer migra a riesgo de perder su vida intentándolo? Escuchémosla.
• ¿Queremos saber si una medida en realidad favorece a una comunidad indígena? Conozcamos su cultura y su cosmovisión.

¿Cómo creer que el análisis del expediente sin conocer la realidad que viven las personas es suficiente para dar solución efectiva a los casos concretos?

El sistema de impartición de justicia actual no ha entendido que la resolución de un juicio y el dictado de una sentencia no debe depender de lo que quienes resolvemos los juicios creemos que es mejor para las personas, sino de una visión integral que analice tanto lo que dicen las normas, los derechos involucrados, las pruebas del expediente y la interpretación de los derechos en la forma más favorable, como empaparnos de la situación real que vive la persona o grupo de personas que acuden demandando justicia y esto, muchas veces, implica una investigación más allá del sistema normativo.

Conocer la realidad y entender las dinámicas sociales sin duda harán que las sentencias tengan un impacto efectivo y eficiente en la vida de las personas.