Rebeca Ramos, directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) platica sobre los retos pendientes en el tema del aborto legal, que avanza desde 2007
Por Bertha Elena González Hernández
¿Cuál es tu postura respecto a la interrupción legal del embarazo en México y su impacto en los derechos reproductivos de las mujeres?
Tocamos una fibra fundamental no únicamente en términos de derechos reproductivos, sino en términos de democracia.
Durante muchos años, en este país y Latinoamérica, el aborto ha sido visto como un crimen. Se ve como delito que una mujer, una persona finalmente, decida poner fin a una gestación porque no está dentro de su proyecto de vida.
La respuesta del estado ha sido a través de la criminalización, del uso del derecho penal, cuando en realidad se trata de una decisión de las más íntimas, sobre continuar con un embarazo o no. Aquí se cruza una situación relacionada con su salud.
Hemos visto, a lo largo de los años, a mujeres que han puesto en riesgo su salud y su vida por acudir a procedimientos inseguros. Creo que es uno de esos temas que son parte fundamental del reconocimiento de la ciudadanía, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Por esa razón es una forma de ejercer el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía reproductiva y a la libertad, como parte fundamental de los derechos de las mujeres, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar.
¿Cómo se puede mejorar el acceso a la información y servicios de salud reproductiva para garantizar que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su cuerpo?
Va más allá de lo legal. Es necesario quitar los tabús asociados al ejercicio de la sexualidad y de la reproducción tanto en hombres como mujeres, personas no binares y de ahí, precisamente, la información que se dé a las niñeces y a las y los jóvenes, debe estar basada en evidencia científica y no en posiciones morales o religiosas.
Todas las personas, en un ejercicio de los derechos humanos, tenemos el derecho a profesar la fe que desee o no profesar ninguna, eso no está en discusión. De la misma forma, no está a discusión que el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ya que no puede estar basado en posiciones morales y/o religiosas, incluida la información. En algunos casos, el origen de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos pone en riesgo otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la vida o a la libertad.
Es fundamental la difusión de información basada en evidencia científica y el estado tiene un papel importante, en términos de promoción de esa información y que esté aparejada con el acceso a servicios de salud que van desde educación sexual hasta el cuidado de un embarazo deseado, la atención para la interrupción de un embarazo no deseado.
¿Consideras que en esta nueva administración se presenten grandes retos en temas de información y difusión respecto a los derechos reproductivos de la mujer?
En el ámbito de la educación, seguir fortaleciendo los contenidos de educación sexual. Lo que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, en los libros de texto, fue bastante positivo. Pero que no se quede únicamente con el contenido en un libro: que se lleve a las aulas.
También, durante la campaña presidencial, se habló y tocó el tema del aborto y de la salud sexual y reproductiva, pero la sensación que me quedó fue: como la Corte ya resolvió, ¿entonces ya no hay nada más que hacer? Hay mucho y le toca a la administración pública y al Ejecutivo federal, a través de las instancias de salud, si estamos en este proceso de transformación. Ahí sí veo un reto importante: que lleguen los servicios de salud reproductiva a todas las personas, independientemente de los arreglos estados-federación; que existan insumos suficientes, desde métodos anticonceptivos modernos, hasta los que se requieren para la atención de un embarazo, un aborto o un parto.
Estamos en un buen camino en términos de que la Corte y algunos Congresos han eliminado obstáculos legales como la penalización absoluta del aborto voluntario. Toca garantizar la existencia de todos los recursos humanos. Hasta de infraestructura para que todas aquellas personas se acerquen a los servicios y reciban atención de calidad.
¿Qué acciones consideras necesarias para reducir la estigmatización y el tabú en torno al tema de aborto?
En la Ciudad de México, en 2007, se tomó la decisión, no únicamente de despenalizar el aborto voluntario en el primer trimestre, sino de dar los servicios por parte de las instituciones de salud del entonces Distrito Federal. Ahí había muchas preocupaciones de los políticos y de las políticas, en términos de que iban a perder votos.
Esta ciudad, 17 años después, sigue votando a la izquierda y vemos que el tema del aborto ha dejado de ser una cuestión en donde las personas dejen de votar por algún partido político o por alguna persona por haber votado a favor de la liberalización del aborto.
Hemos sido testigos de que la opinión pública ha cambiado. La relación entre opinión pública, estigma y legislación se retroalimenta mutuamente si hay una legislación liberal. Suele impactar en términos de cómo ve la gente ese fenómeno y normalizarlo un poquito más y, si vamos normalizando y hablamos abiertamente de los temas, se va teniendo un impacto también en la política pública, en la legislación, en las resoluciones judiciales…
Lo acabamos de ver, a partir de 2018 con la marea verde. Este movimiento regional ha tenido eco en congresos locales, en la propia Suprema Corte de Justicia y la Secretaría de Salud. Creo que la ruta es fomentar conversaciones abiertas sobre derechos sexuales y reproductivos, hablar abiertamente del aborto, no como un delito o un crimen, sino como una decisión en la vida.
¿Cuál es tu opinión sobre la objeción de conciencia en el ámbito de salud reproductiva? ¿Cómo debe equilibrarse con el derecho de las mujeres a recibir atención médica?
Es fundamental, en términos de las posiciones religiosas y morales, partir del derecho que tenemos todas las personas a profesar las creencias que mejor se adecuen a nuestra forma de mirar el mundo.
En el caso de la objeción de conciencia en cuestiones de salud, hay una obligación de parte del estado y de los prestadores de salud. Ha sucedido con la figura de la objeción de conciencia, que se ha visto como una herramienta para obstaculizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Hay que entender que la objeción de conciencia parte de una posición personal que es de quien se enfrenta a la petición de llevar a cabo un procedimiento médico con el que esa persona no está de acuerdo. Pero eso de ninguna manera puede implicar que la persona que requiere el servicio, que está pidiendo la atención, no reciba esa atención.
Ahí es donde el papel de las instituciones y del estado es fundamental. Entender que se trata de que haya personal capacitado, dispuesto y con las herramientas necesarias, por ejemplo, en términos de la formación profesional. No todos abortos son inducidos, va a haber casos de abortos espontáneos que están en evolución. Entonces, el personal de salud tiene que estar preparado.
Con los enormes avances, es inaceptable que, cuando llega una mujer con un aborto en evolución, la respuesta sea: “no, yo soy objetor” o que ese aborto en evolución sea resuelto a través de un legrado, cuando hay medicamentos, aspiración u otro tipo de procedimientos más seguros. Por ejemplo, con las cesáreas, hace 30-40 años, la incisión era vertical. Ahora a nadie se le ocurre que se va a hacer esto porque los ginecobstetras están preparados para hacer las cesáreas, con lo último del avance científico y técnicas modernas.
La Corte también resolvió, en 2021, una serie de criterios que atender por el derecho a la libertad de conciencia.
¿Consideras que la legislación actual, en materia de derechos reproductivos refleja adecuadamente los principios de igualdad no discriminación y autonomía de las mujeres?
Vamos por buen camino, pero todavía no llegamos. Lo que sí ha avanzado en estos años, a partir de 2007, son las reformas en ciudad de México, los cambios que se han dado en varios estados de la República, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… pero, si me preguntas cómo tendría que ser la legislación en términos de Derechos Sexuales y Reproductivos, el aborto tiene que salir por completo de los Códigos Penales. No nos alcanza con una regulación por plazos. En Canadá, por ejemplo, no hay plazo; en Colombia, lo que ha hecho el movimiento Causa Justa donde ellas exigían la eliminación total del delito de aborto, se logran 24 semanas, pero sigue quedando corto.
¿Cómo podemos establecer políticas públicas que garanticen los derechos de las personas gestantes en temas de vulnerabilidad?
Nos puede ayudar que quienes hagan la política pública sean personas expertas en salud pública. Tenemos muy buena experiencia en términos de vacunación. La otra parte, que no está presente en estos programas, es preguntar a las usuarias qué necesitan. Es fundamental contar con esa retroalimentación de quienes hacen uso de los servicios.
La ventaja de la Ciudad de México es diferente, porque si bien tenemos zonas rurales, no todo es urbano, aunque hay comunidades a las que les quedan muy lejos los servicios de atención de
primer nivel.
Se requiere más infraestructura. Echar mano de la referencia entre diferentes niveles de atención y salir del modelo de plazos. También hay que ver la experiencia de esta administración que termina. Desde la Secretaría de Salud que puso en marcha un programa piloto con servicios de aborto seguro en todo el país, con unidades especializadas.
Es importante continuar trabajando sobre lo que ha construido en los últimos años y no dejarlo.
No podemos olvidar que las cuestiones de salud sexual y reproductiva están presentes a lo largo de la vida de la inmensa mayoría de nosotros.
NÚMERO:
2007 SE DESPENALIZÓ EL ABORTO VOLUNTARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
“Hay mucho por hacer, le toca a la administración pública y al Ejecutivo federal, a través de las instancias de salud, si estamos en el proceso de transformación”.
Rebeca Ramos, directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida.
¿QUIÉN ES REBECA RAMOS?
-Abogada feminista por la escuela libre de derecho.
-Trabaja en gire desde 2012.
-Fue asesora parlamentaria para la reforma constitucional sobre derechos humanos.
PUNTOS A ENTENDER
-La SCJN en la acción de inconstitucionalidad, 148-17 desarrolla qué significa el derecho a decidir.
-Otras vías jurídicas para regular el derecho a decidir es la educación sexual.
-En el país falta hacerse cargo de las desigualdades estructurales.
-El papel de las instituciones y del estado es fundamental en cuestión de servicios.
-Tenemos que dejar de pensar al derecho penal como la vía para solucionar embarazos no deseados.