¿Por qué se debe reformar el derecho para proteger a la sociedad? Esto dice la magistrada Natalia Téllez
En un diálogo académico que cruzó fronteras entre México y Colombia, la Universidad Veracruzana fue sede del simposio internacional “Justicia, democracia y Estado de derecho en México-Colombia: desafíos y perspectivas”, donde participaron destacadas especialistas como la doctora Claudia Patricia Giraldo Roldán, experta en derecho público colombiano, y la magistrada mexicana Natalia Téllez Torres Orozco, integrante de la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ambas juristas compartieron experiencias y diagnósticos sobre los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales para responder con eficacia a las exigencias sociales, especialmente en contextos marcados por la corrupción, la desigualdad y la desconfianza ciudadana.
La magistrada Natalia Téllez Torres Orozco, integrante de la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, participó con la ponencia titulada “Derecho administrativo sancionador”, en la que propuso una reconfiguración profunda del sistema jurídico sancionador, con el objetivo de ponerlo verdaderamente al servicio de la sociedad.
Durante su intervención, subrayó que el sistema actual aún privilegia una visión formalista que no responde a las necesidades sociales ni a las víctimas de corrupción o abuso de poder. “¿Por quién debe velar el derecho administrativo sancionador? Por toda la sociedad mexicana”, afirmó, destacando que cada peso desviado por corrupción representa una pérdida directa para los servicios públicos como salud, educación y seguridad.
Con tono crítico, señaló la desproporción entre los casos que llegan a ser juzgados y los que quedan fuera del sistema: “Los de lápiz están llegando ahí a la sala de anticorrupción y los de mil de millones de dólares, ¿qué creen? No llegan o llegan mal integrados”. Esta realidad, advirtió, evidencia la urgencia de rediseñar procedimientos más ágiles, con mejores herramientas legales y mayor capacidad institucional para investigar y sancionar faltas graves.
Asimismo, la magistrada propuso reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para incluir como faltas graves conductas como la sextorsión, el abuso y el hostigamiento sexual, actualmente fuera del catálogo legal. También hizo un llamado a incorporar tecnologías digitales, juicios en línea, mecanismos alternativos de solución de controversias, y una mayor presencia institucional en comunidades alejadas.
Durante el evento, Natalia Téllez resaltó no solo la necesidad de ajustes normativos, sino también de un cambio profundo en la cultura jurídica. Subrayó que el acceso a la justicia requiere no solo estructuras y leyes efectivas, sino un compromiso ético por parte de quienes imparten justicia, así como una vocación social activa desde la abogacía.
La magistrada también subrayó que el fortalecimiento del sistema sancionador requiere más que cambios legales: exige ampliar la estructura institucional, crear más órganos sancionadores, y profesionalizar a quienes integran el servicio público. Recalcó la necesidad de especialización constante de los juzgadores y operadores jurídicos, así como una mayor claridad normativa que evite interpretaciones restrictivas que favorezcan la impunidad. Además, insistió en la importancia de difundir ampliamente el contenido de las normas y derechos vinculados al combate a la corrupción, para que tanto la ciudadanía como los servidores públicos conozcan las consecuencias de las faltas y puedan exigir su aplicación. Solo así, dijo, será posible consolidar un sistema justo, eficaz y verdaderamente preventivo.
Con estas reflexiones, la Universidad Veracruzana sirvió como espacio de pensamiento crítico y diálogo regional, coincidiendo todos en la urgencia de contar con una justicia que deje atrás el formalismo y asuma, con responsabilidad y convicción, su dimensión social.
