Consciente de que toda reforma de gran calado implica consensos, la autora de este artículo, integrante del consejo de la judicatura federal, considera que elegir popularmente a las personas juzgadoras crearía un vacío jurídico y un riesgo que, contrario a lo que se busca, puede sumir al poder judicial de la federación en una crisis institucional sin precedentes en sus 200 años de vida
Por Lilia Mónica López Benítez
La historia de México nos enseña que, en el último siglo, el interés nacional consistió en consolidar el régimen democrático, de derechos humanos y libertades que hoy disfrutamos. Se libraron batallas desde el fin de la revolución mexicana para crear un país de leyes e instituciones, cuyo acuerdo fundamental fue y es la construcción de una democracia perfectible, pero incondicional.
El legado decimonónico determinó que el valor supremo de la voluntad general y el constitucionalismo, trabajando al unísono, eran mejores que plantearnos un colonialismo ya superado.
Las y los mexicanos, en los albores del siglo XX, se decantaron por el desarrollo nacional, enmarcado en una gran revolución social y, a partir de la segunda mitad del siglo, la conformación del régimen democrático con un sistema de partidos competitivo.
El siglo XXI acarreó nuevos retos sociales que, contrario a lo que se pensaba, apenas comienzan a delinear el modelo de sociedad al que aspiramos para lo que resta de este período; lo anterior, quedó claro con el mensaje popular del 2 de junio, en el cual prevalece un legado republicano que es producto de los fundamentos de legalidad y legitimidad electoral, como resultado de la alternancia democrática a partir del año 2000.
La medición es clara: nuestro presente político cambió y la ciudadanía fue contundente con su mensaje, no hay nada que asimilar, solo respetar los resultados de la elección que aprueban un proyecto político de una mayoría que sabemos, por experiencia, que no será permanente y que debe perdurar un consenso básico sobre nuestra forma de gobierno y el tipo de instituciones que requerimos para proteger el delicado balance entre personas gobernantes y gobernadas.
La súper mayoría concebida en las urnas tiene también la responsabilidad de proteger las instituciones democráticas y su independencia, la obligación de evitar el avasallamiento de las minorías que representan los argumentos del disenso y la crítica necesarias para preservar la vida pública de la nación.
En las democracias estables, las minorías son indispensables, ya que actúan como agentes regulatorios de los excesos de la mayoría y advierten a la sociedad de las tentaciones de la demagogia y la autocracia. Los argumentos razonables de las minorías generalmente hacen llamados a preservar la cordura política y el buen ánimo para crear consensos y políticas de Estado que van más allá y son de hecho más relevantes que los idearios partidistas.
Tenemos suficientes indicios para señalar que las mayorías que han esculpido los designios de la voluntad general, a través de la confección de pesos y contrapesos, son las que han trascendido y dejado un legado que resiste el paso del tiempo, contrario a las tentaciones del poder omnímodo que ha desmoralizado y desactivado las luchas sociales, las equidistancias de los poderes de la Unión y los contrapesos de nuestro republicanismo en ciertos periodos de nuestra vida independiente.
¡La reforma judicial va! No hay duda de ello y desde la autocrítica de quienes integramos el Poder Judicial de la Federación nos adherimos al interés de tener una justicia sólida y efectiva, aunque aquí subyace nuestra preocupación sobre el tipo de reforma que se requiere y no la que es beneficiosa para un proyecto político cualquiera que este sea porque, como se dijo, la justicia no debe tener adjetivos ni adherirse a doctrinas que no sean las del respeto a los derechos humanos.
Preguntemos entonces si la reforma será progresiva o regresiva, si se aplicará a todo el sistema de procuración e impartición de justicia o será sesgada para limitar a un poder frente a los otros poderes. Nos preguntamos también si la reforma judicial será inclusiva y exhaustiva, si iría de la mano de los principios constitucionales que invariablemente se aplican en beneficio de las y los justiciables, y no en favor de grupos de interés; si la reforma a la que convocan parte del interés común de una transformación que debe incorporar las realidades de los poderes judiciales de los estados, ya que son estos quienes tienen más contacto con las personas que buscan justicia.
Cuestionamos si la reforma judicial hará énfasis en las responsabilidades de los poderes Ejecutivo y Legislativo para no provocar el posible debilitamiento del Poder Judicial. Nos preocupa que se apueste por una reforma sin la deliberación y la autocrítica del papel histórico que tenemos para fortalecer el estado de derecho.
La reforma debe ser de gran calado, no hay duda, pero debe comprender que la maduración de las personas juzgadoras y de todas las que forman parte de la carrera judicial representa años de perfeccionamiento técnico-jurídico y de evolución de un proceso de selección escrupuloso de quienes concursan por la titularidad de los órganos jurisdiccionales.
La reforma debe considerar que el nombramiento de las y los ministros es consistente con un modelo de elección popular porque transita por un proceso donde el Poder Ejecutivo propone y el Poder Legislativo dispone. Este ciclo de discernimientos y determinaciones entre los poderes de la Unión es el mismo que decreta los pesos y contrapesos para mantener las equidistancias entre ellos.
Por lo anterior, la reforma no puede estar sujetar al interés de las súper mayorías, ni basarse en información inexacta como se advierte de la exposición de motivos. Tampoco puede depender del sufragio porque el papel de la justicia no es político, sino jurídico. La reforma que viene debe estar por encima de los procesos electorales, que son cíclicos y solo representan un momento específico de la voluntad general que tiende a cambiar. La reforma, en su deber ser, corresponde a la arquitectura del Estado mexicano y no a un régimen de políticas que no son de Estado. Recordemos que esta reforma es constitucional y que hablamos entonces de cambios fundamentales del Estado.
Pero veamos de manera particular cuál es la evidencia que da sustento a este argumento:
La corrupción en México suma más de 70 mil millones de dólares al año y los principales sitios donde se genera son, en orden descendente, los partidos políticos, las cámaras de diputados y senadores, las corporaciones policiacas, los sindicatos y los ministerios públicos o fiscalías estatales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 20 de marzo de 2024, de acuerdo con el Índice de Prevalencia Histórico de Corrupción y el Grado de Percepción de Confianza de la Sociedad en Instituciones y Actores de la Encuesta Nacional e Impacto Gubernamental (ENCIG).
En adición, el costo de la transformación del Poder Judicial de la Federación sería cercano al 4.1% del PIB; una cifra muy alta si consideramos que el presupuesto anual del Poder Judicial de la Federación es menor al 1% del PIB. Para realizar los cambios en la elección popular de los titulares del PJF que propone la reforma, el presupuesto federal aprobado para el citado Poder Judicial, en 2025, tendría que ser 5 veces mayor, además de los retos técnico-jurídicos para escalonar la salida de los más de 1,700 titulares de los 931 órganos de impartición de justicia (cifras a mayo de 2024).
Elegir popularmente a las personas juzgadoras crearía un vacío jurídico y un riesgo que, contrario a lo que se busca, puede sumir al Poder Judicial de la Federación en una crisis institucional sin precedentes en sus 200 años de vida.
El costo inicial de la reforma puede llegar al 8.5% del PIB y me refiero a la pérdida de capacidad productiva del país, a la incertidumbre generada para los sectores de la producción, que incluye a empresas y trabajadores; para ponerlo en perspectiva, la pandemia propició una contracción económica del orden de 8.1% del PIB y la recuperación prácticamente tardó todo lo que duró este sexenio para retomar las tasas de crecimiento económicas previas.
La reforma judicial en su condición actual podría acelerar el déficit público y sobrepasar el 5% que aun permite manejar condiciones financieras sanas para el país.
De lo anterior concluyo con las siguientes consideraciones:
La histórica que conlleva a recordar que el presidente Lázaro Cárdenas fue un estadista que entendió perfectamente su tiempo político, reorganizó la vida pública, encauzó las pasiones derivadas del descontento social, entretejió una política social profesional y, sobre todo, gobernó de manera inclusiva, descontando los poderes fácticos de la revolución, poderes precursores de la transformación, pero inoperantes para el periodo de la estabilización política posterior.
Segundo, la presidenta electa tiene la oportunidad histórica, como primera mujer que llega al cargo, de trascender en la arquitectura de la república, generando consensos unánimes en el proceso de reforma judicial y que sea verdaderamente útil para los usuarios del sistema de justicia, que fortalezca el sistema judicial de manera integral, que no socave la deliberación jurídica y la independencia judicial a los designios de intereses difusos o notoriamente corruptibles.
Mi tercera consideración, es un llamado a las mujeres y hombres de la república para que la reforma judicial evite la autocomplacencia y la disputa política de un poder independiente que protege nuestros derechos. Hago votos para que la presidenta electa asuma la dirección política de 130 millones de personas, y no solo de aquellas que la favorecieron en las urnas. ¡La reforma judicial va!
Siglo XX.
En la segunda mitad del siglo se reformó el régimen democrático en México, con partidos competitivos.
EL ANÁLISIS
- La justicia no debe adherirse a doctrinas que no respeten los derechos humanos.
- La pregunta es: ¿La reforma será progresiva o regresiva? ¿Se aplicará a todo el sistema?
- Debe incorporar las realidades de los poderes judiciales de los estados al servir a la gente.
DESTACADOS:
ESCENA DE CORRUPCIÓN
Nace en las fiscalías estatales, los ministerios públicos, sindicatos, corporaciones policiacas, cámaras de diputados y senadores y en los partidos.
EL RIESGO DE LA REFORMA
Llevar a cabo la elección popular de los juzgadores podría sumir al Poder Judicial en una crisis de corte institucional sin precedentes, en sus 200 años de vida.
LA REFORMA DEBE…
1.ESTAR POR ENCIMA DE LOS PROCESOS ELECTORALES.
2.RESPONDER AL EL ESTADO, NO A UN RÉGIMEN DE POLÍTICAS.
3.REFLEJAR CAMBIOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO.