Una magistrada federal, una activista y un académico examinan en este encuentro fortalezas y áreas de oportunidad de la reforma judicial.
Fotos: Guillermo O’ Gam
Gerardo Laveaga.- ¿Los poderes judiciales han estado a la altura de lo que México espera de ellos?
Cesar Astudillo.– Celebro que hables de “poderes judiciales” porque, en efecto, son el Federal y los 32 estatales. Sin embargo, habría que precisar qué es lo que entendemos por lo que México espera de ellos ¿qué resuelvan los problemas de las personas en el menor tiempo posible? En este caso, hay diferencias enormes entre cada uno. Si bien no existe una institución perfecta, todos los poderes judiciales tienen problemas de acceso a la justicia, de preparación y de eficiencia. Mientras en EU llegan a la justicia federal sólo 15% de los conflictos locales, en México, tarde o temprano, todo llega a la justicia federal…
Emilia Molina.- Considerando las muchas aristas del problema, en el Poder Judicial de la Federación hemos fijado, a golpe de sentencias, estándares para proteger los derechos humanos. Puedo afirmar que hoy hay un mayor acceso a la justicia. Es cierto que existen áreas de oportunidad, pero también que hay corresponsabilidad de los poderes legislativos federal y estatales, los cuales no han concedido un presupuesto fijo que permita ser más eficaces a los poderes judiciales.
Laurence Pantin.- Desde la sociedad civil –la Fundación que encabezo atiende a víctimas y a sus familiares–, se advierte un enorme grado de impunidad. Estoy consciente de que esto no depende sólo de los poderes judiciales y de que habría que revisar el papel de policías y fiscales, pero para muchas personas la justicia no da resultados. Cuando se reprocha a las personas juzgadoras que liberan a presuntos delincuentes, muchas veces es porque los policías no saben recabar evidencias o porque los agentes del Ministerio Público integran mal las investigaciones. Y, en temas que no son de justicia penal, sino de justicia cotidiana, un divorcio o un contrato de arrendamiento que no se cumple, la justicia suele ser lenta. La gente advierte que no se resuelven sus problemas. Por otra parte, es cierto que los jueces y juezas se perciben lejanos, distantes a las personas. Su lenguaje técnico no se entiende y las sentencias de 250 páginas, aderezadas con citas en latín, no ayudan en nada. Por añadidura, se percibe una fuerte endogamia en los poderes judiciales, que complica las cosas.
Laveaga.- ¿Cómo corregimos estos problemas? La creación de la CNDH fue una muestra de que algo no funcionaba en los poderes judiciales.
Molina.- Permíteme detenerme en el tema del lenguaje: sí, es técnico, pero ¿no todas las profesiones tienen su propio argot? Médicos, contadores y arquitectos nos hablan con tecnicismos, sin que desconfiemos de ellos. Sin duda, debemos hacer un esfuerzo por ser más accesibles… y lo estamos haciendo: en sentencias donde se involucran niños, niñas y adolescentes, o donde hay personas con discapacidad, procuramos hacerlo. Hay sentencias emblemáticas. Si esto no fuera suficiente, en la ponencia de la ministra Ríos Farjat, por ejemplo, ya se cuenta con una herramienta de Inteligencia Artificial –Pregúntale a Sor Juana– que facilita las cosas. Pero advierto que, los poderes judiciales, más que “lejanos” son “no respetados”.
Astudillo.- En cuanto a la CNDH, ésta nació en 1990, cuando la Suprema Corte no era un tribunal constitucional. El propósito no era atender la violación de los derechos humanos a los individuos sino a los grupos. Se hicieron recomendaciones a las Fuerzas Armadas y a las procuradurías y esto ayudó a resolver conflictos por vías diferentes a la judicial. Esto seguirá ocurriendo mientras corrupción e impunidad continúen y mientras la justicia federal siga “chupándose” a la justicia local. La justicia local, pese a sus salas constitucionales, se mira sólo de paso.
Pantin.- Volvemos a la falta de confianza ciudadana. Debe atribuirse, también, a que los otros poderes tienen legitimación por el origen de su designación: las personas diputadas, senadoras, gobernadoras o presidentas son elegidas… La legitimación de los poderes judiciales, ya que no proviene del voto –y en mi opinión no debería de–, sino que debería provenir de su transparencia y rendición de cuentas, tampoco se da. Admito que en México existe una apertura creciente y se han impulsado políticas de justicia abierta y algunos poderes judiciales estatales han creado observatorios judiciales, impulsado precisamente porque esos poderes judiciales notan el ambiente hostil a su alrededor. Han comenzado a entender que necesitan a la ciudadanía para defenderlos frente a los ataques sistemáticos a su independencia.
Laveaga.- ¿La ley no es parte del problema? Pienso en el amparo. ¿Cómo explicamos a la ciudadanía que la misma ley que aplica para unos, no aplica para otros?
La Fórmula Otero implica consagrar la desigualdad desde la Constitución misma. Y, cuando parecía que empezábamos a avanzar, dando efectos generales a la suspensión, nuestros ínclitos legisladores (que con toda seguridad no entiendan el problema) echaron para atrás este esfuerzo. Por otra parte ¿qué me dicen de los trámites complicadísimos que han diseñado estos legisladores? Una persona juzgadora no elabora las leyes, pero sí tiene que aplicarlas.
Pantin.- Nadie ha dicho que los poderes judiciales sean la única causa del alejamiento y el cuestionamiento que hoy se les hace. No se han involucrado lo suficiente para ser parte de la solución. Hay que buscar salidas para garantizar y ampliar el acceso a la justicia. Esto, claro, exigiría reformas legales. El problema es que los legisladores, a menudo, ni saben ni entienden los procesos legales o el sistema de justicia. Lo que busca el actual gobierno es controlar a los jueces, dado que les incomoda los contrapesos.
Molina.- En lo que toca a las salas constitucionales, no podemos esperar que funcionen si no se les da el presupuesto. Ni siquiera se les incorporó a la Constitución. Y si no se da presupuesto, nadie debe esperar más de los poderes judiciales. Las personas juzgadoras estamos saturadas. En México hay 3 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando en Alemania hay 25. Y eso que ahí no tienen los problemas de delincuencia que vivimos aquí. El estándar ideal sería que hubiera 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes. Nos señalan por tardar y, sí, lo hacemos, pero somos mil 700 personas juzgadoras para un millón y medio de asuntos anuales, sólo a nivel federal. A la tardanza abonan las autoridades políticas, que no hacen nada por apoyarnos. Y los abogados litigantes, en aras de obtener más dinero de sus clientes, prolongan los juicios.
Astudillo.- Negar la responsabilidad de los legisladores en problemas de los poderes judiciales sería un disparate. Por años, la justicia mexicana permaneció encapsulada. Nos negábamos a ver lo que ocurría afuera y entendíamos la justicia como parte de la función ejecutiva, donde los culpables de un delito quedaban libres y los inocentes iban a prisión, según conviniera al presidente o gobernador. Eso sí, se decían seguir los procedimientos. Si migramos a la justicia oral en el ámbito penal, fue por las presiones de Estados Unidos, cuyos inversionistas desconfiaban de la oscuridad de nuestros tribunales. Quienes han tenido la llave para modernizar la justicia son los legisladores.
Pantin.- Pero los legisladores, insisto, ni siquiera están conscientes de ello.
Astudillo.- Habría que hacerlos conscientes. En Italia y otros países hay un mecanismo para que legisladores y jueces estén en permanente comunicación.
Molina.- Así debiera ser, por supuesto. La división de poderes no significa que cada poder esté aislado. Cada uno debe colaborar con los otros dos. Respetando sus facultades e independencia, pero colaborando; estando atento a las posibilidades y limitaciones que cada uno tiene de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Laveaga.- Hay quienes piensan que la solución sería despedir a todas las personas juzgadoras del país y comenzar de cero, eligiéndolas por voto popular. Ponen como ejemplo a Bolivia, Suiza y Estados Unidos… ¿será esa la solución?
Pantin.- La iniciativa parte de un diagnóstico que comparto en parte, sin duda, pero la solución no es, definitivamente, la elección popular de las personas juzgadoras. Los problemas que hemos mencionado en esta conversación, lejos de resolverse, se agravarían. Las personas juzgadoras elegidas tendrían menos conocimientos…y menos independencia. No es que todos los jueces actuales garanticen la independencia y parcialidad, dado que los nombramientos de personas ministras y magistradas a nivel estatal también han obedecido a criterios políticos, pero las reformas y ajustes deben hacerse por otra parte. Además, someter a votación a tantas personas juzgadoras significaría una parálisis del sistema de justicia por varios meses y agravaría la ineficiencia, como ha ocurrido en Bolivia.
Astudillo.- Hay que entender que los poderes judiciales, a diferencia de los legislativos, no tienen carácter representativo. ¿Vamos a llevar a los juzgadores a las elecciones, donde lo que cuentan son las campañas y las promesas que se hacen? Las mil 600 personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, sin hablar de las más de 7 mil de otros poderes, con todas sus insuficiencias, son técnicos; no políticos. Si las echamos, el país va a quedar paralizado. Es cierto que en Suiza se eligen jueces cantonales desde hace siglos. Pero son jueces de paz, mediadores que, en cada pueblo, conocen a sus habitantes y resuelven problemas de “justicia cotidiana”. No se requiere sofisticación. Es cierto que en algunos estados de EU se eligen jueces locales (nunca federales), pero la tendencia es acabar con esa práctica. En cuanto a Bolivia, por donde se mire ha sido una catástrofe.
Molina.- Me imagino en una campaña política ¿qué voy a prometer a cambio del voto popular? ¿que no se castiguen los homicidios? ¿que las violaciones se castiguen con 70 años de prisión? No dependería de mí… Un legislador sí puede prometerlo porque para eso está, pero no una persona juzgadora. Nosotros no elegimos ni qué asuntos resolver: dependemos de lo que se nos turne. Además, ¿cómo se va a hacer campaña si no se permite el financiamiento público? ¿Nos va a financiar la delincuencia organizada?
Laveaga.- También anticipo un caos si la reforma pasa tal y como está. El tribunal judicial disciplinario me parece un cuerpo inquisitonal, facultado para destituir a un juez que, aunque falle apegándose a la ley, vaya “contra el interés público”. Éste, a fin de cuentas, está plasmado en la ley. Tengo la mejor impresión de Claudia Sheinbaum y quiero pensar que va a caber la prudencia en nuestros legisladores.
Laurence.- Se tienen los votos para sacar esta reforma y temo que prudencia y sensatez no suelen orientar a los legisladores.
Molina.- Coincido en que se tienen los votos, pero quiero confiar en la sensatez y respeto que un gobierno saliente debe tener a uno entrante.
Astudillo.- También quisiera apostar por la sensatez, pero no advierto fisuras en ambos gobiernos.
Laveaga.- ¿Cuál sería la alternativa? ¿Una rotación gradual, como se ha sugerido a últimas fechas?
Astudillo.- No lo creo. Lo que busca el grupo en el poder es convertir al poder judicial en una pieza más del juego político. Lo demás -la división de poderes, la independencia judicial, la profesionalización, la especialización, la antigüedad…- no importa.
Pantin.- Yo comenzaría por fortalecer la justicia local, porque es la primera puerta de entrada a la justicia para la mayoría de las personas. Y lo haría concediéndole un presupuesto fijo a estos poderes. Otra reforma que debiera impulsarse es que se puede acudir ante los órganos jurisdiccionales sin un representante legal, o contar con defensorías públicas eficaces.
Molina.- Hay que especificar en qué consiste ese fortalecimiento. Como magistrada federal, puedo dar fe de las muchísimas violaciones a los derechos humanos que se cometen en las entidades. Para garantizar que esta justicia local sea de calidad, deben reforzarse carrera judicial y capacitación. También hay que darles presupuesto suficiente. El amparo debe servir solo para revisar violaciones de derechos humanos de todas las autoridades. De las judiciales incluidas.
QUIÉNES CONFORMAN LA MESA DE DEBATE
Emilia Molina, magistrada de Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores.
César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Laurence Pantin, directora General de la Fundación por la Justicia A.C.
EL PODER
-A EU llegan a la justicia federal 15% de los conflictos locales, en México, todo llega a la justicia federal.
-En muchos casos, se reprocha a los juzgadores la liberación de ladrones, falta preparación de policías para recabar evidencias.
PROPUESTA
-Es importante hacer esfuerzos por ser más accesibles en las sentencias y que los poderes judiciales sean respetados.
-La legitimación de los poderes judiciales debería provenir de su transparencia y rendición de cuentas.
INICIATIVA
-La solución no es la elección popular de las personas juzgadoras, agravaría los problemas, lejos de resolverse.
-La división de poderes no significa que cada poder esté aislado, es por ello que cada uno debe colaborar con otros.
-En algunos estados de EU se eligen a los jueces locales, sin embargo, la tendencia es terminar con esa práctica.
PROMESAS
-En el caso de los jueces sería difícil que prometa algo a cambio del voto popular.
-Lo que busca el grupo de poder es convertir al poder judicial en una pieza más.