¿Quién es Lutgarda Madrigal Valdez, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia?
Las elecciones judiciales están cada vez más cerca y con ello crece el interés de los mexicanos, ya que cada vez más personas están interesadas en formar parte de la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de otros organismos clave del Poder Judicial. Por esta razón, es indispensable disponer de información verificada y clara sobre los perfiles más destacados de las candidaturas, entre los cuales resalta Lutgarda Madrigal Valdez.
En el portal “El Mundo del Derecho” renovamos nuestro compromiso de brindarte contenido de calidad, es por ello que a continuación te damos los aspectos más relevantes sobre la candidata Lutgarda Madrigal Valdez.
¿Quién es la candidata Lutgarda Madrigal Valdez?
Lutgarda Madrigal Valdez participa en este proceso electoral extraordinario como aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nombre aparecerá junto al número 18 en la boleta de color morado durante la jornada electoral del próximo 1 de junio.
Cuenta con formación profesional como abogada y médico cirujano, egresada de la Universidad Veracruzana. Es originaria de Pánuco, Veracruz, y se ha desempeñado como encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en dicha entidad.
Lutgarda Madrigal Valdez participa en este proceso electoral extraordinario como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nombre aparecerá con el número 18 en la boleta morada en la elección del próximo 1 de junio. Es originaria de Pánuco, Veracruz, y cuenta con una sólida formación profesional como abogada y médico cirujano, egresada de la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el estado de Veracruz.
Su experiencia profesional y su enfoque profundamente humanista la distinguen como una postulante comprometida con la vigilancia del respeto a la Constitución, no solo como un marco legal, sino como una herramienta viva para garantizar el bien común. Para ella, la administración de justicia debe ir más allá de los principios normativos; debe integrar valores que promuevan la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos. En su visión, la justicia debe adaptarse a las realidades sociales, respetando sus diferencias, particularidades y diversidades, e incorporando ajustes razonables para garantizar la protección de los derechos sin distinción ni discriminación.
Considera que la justicia debe ser verdaderamente universal, sin exclusión alguna. La justicia social, afirma, es una deuda histórica que solo podrá saldarse mediante una impartición de justicia imparcial, sensible y comprometida, que integre la voz del pueblo en las decisiones judiciales. Esta visión requiere juezas y jueces honestos, con profundo sentido de responsabilidad constitucional y empatía hacia los sectores más vulnerables.
¿Cuáles son las propuestas judiciales de la candidata Lutgarda Madrigal Valdez?
La candidata judicial busca promover la participación de niñas, niños y adolescentes, por lo que propone garantizar que las decisiones judiciales que afecten directa o indirectamente a menores consideren su participación como sujetos plenos de derechos. Para ello, plantea que todos los juzgadores cuenten con personal especializado y suficiente que genere condiciones dignas, seguras y adecuadas, garantizando la aplicación efectiva del principio del interés superior de la infancia.
También busca el fortalecimiento de las defensorías públicas, esto con el propósito de asegurar un acceso universal, técnico y de calidad a la justicia —reconocido como un derecho humano fundamental— ante ello propone una reforma integral de las defensorías de oficio. Esta iniciativa busca eliminar barreras de representación legal, asegurando una defensa adecuada, profesional y equitativa para todas las personas, sin importar su condición social o económica.
La candidata también busca impulsar la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos: Ante la creciente judicialización de la vida social, que ha generado una sobrecarga en los tribunales y afectado la eficiencia procesal, propone impulsar políticas públicas que prioricen la mediación, conciliación y otros métodos alternativos. Esto contribuiría a una justicia más ágil, económica y cercana a las personas.
