El pasado 30 de mayo se cumplieron 12 años del fallecimiento de Jorge Carpizo, jurista, servidor público y universitario de excepción, figura determinante en la escena política, jurídica e institucional del último cuarto del siglo XX y principios del siglo XXI en México.
Cuando se le recuerda y se habla de su obra, se alude al periodo de cuando fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente fundador de la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador General de la República o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un aspecto que tendría que ser revalorado por su intervención en el campo electoral al participar en la reforma Constitucional y legal que, en 1994, se llevó a cabo en esa materia y configuró las bases de lo que hasta hoy es nuestro sistema electoral.
Carpizo llegó a la Secretaría de Gobernación el 10 de enero de 1994, en medio del conflicto en Chiapas con el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y una profunda crisis política derivada de las cuestionadas elecciones para la Presidencia de la República de 1988, en las que la imparcialidad, objetividad y legalidad de los procesos electorales quedaron cuestionadas al ser unos comicios organizados por instancias estatales dependientes del gobierno.
Si bien, en 1994 ya se habían realizado importantes reformas Constitucionales en materia electoral, como en 1990 y 1993, en las que se creó el entonces Instituto Federal Electoral e implementaron medidas como la credencial para votar con fotografía y un padrón más confiable, lo cierto es que había temas pendientes e inconformidad de grupos y partidos.
El doctor Carpizo ayudó a que el gobierno federal reconociera la necesidad y conveniencia de fortalecer las negociaciones con actores y partidos políticos, a efecto de consensuar un paquete de reformas que propiciara el desarrollo de los procesos electorales más limpios, imparciales y equitativos.
Frente al conflicto y el riesgo potencial de que, en el uso de la fuerza se viera la vía para resolver las demandas sociales y diferendos políticos, Carpizo, desde la Secretaría de Gobernación impulsó el diálogo y negociación, siendo su fundamento el derecho, no el temor ni la imposición por la fuerza.
Su primera misión fue marcar la ruta para que la solución de los conflictos que atravesaba el país se diera a través de la conciliación. Era prioritario garantizar que el proceso electoral de 1994 se realizara con limpieza, legalidad, objetividad e imparcialidad, para lo que invitó a platicar e intercambiar ideas con los partidos.
Estos objetivos se materializaron con la firma del primer Acuerdo para la Paz, la Democracia y la Justicia, en el que la mayoría de los partidos políticos acordó trabajar con el gobierno para fortalecer la imparcialidad de las autoridades electorales, la confiabilidad del padrón, lograr un acceso más equitativo de los partidos a los medios de comunciación, evitar el uso de recursos públicos para promover a un partido o candidato y establecer sanciones por delitos electorales.
Una vez alcanzados, el reto fue encontrar y consensar las fórmulas legislativas idóneas realizarlos en los hechos.
El diseño y contenido de las reformas constitucionales y legales de 1994 fueron resultados del trabajo conjunto, plural e incluyente de partidos políticos y autoridades, con participación de quien fuera el primer ombudsman nacional en México.
Entabló negociaciones no sólo con los tres partidos que eran mayoritarios (PRI, PAN y PRD) sino también dio voz y participación a cinco más que podían participar en el proceso electoral, en los cuales, veía la posibilidad de que erigieran como el verdadero control del poder, en caso de que el gobierno tuviera una mayoría en la instancia legislativa.
Las negociaciones arrojaron contenidos que aún cuando no alcanzaron un apoyo y aprobación unánimes, lograron un consenso que marcaría la legitimidad en subsecuentes cambios electorales.
También sostenía que el consenso era el método idóneo para la toma de decisiones compartidas, lo que implica flexibilidad para acercar posiciones y llegar a soluciones que aunque no satisfagan a ambas partes, representen un avance.
Las reformas de 1994, lejos de pretender favorecer a determinados partidos políticos o candidatos, generaron un marco institucional y legal en el que todas las opciones políticas y diversas ideologías tuvieran cabida.
La sola existencia del diálogo implicaba que la tentación de la violencia y el uso de la fuerza se estaba dejando de lado, además de que se estaría logrando lo que refería como “libertad democrática”.
Esta implica que todos los individuos puedan hacer vigentes y ejercer sus derechos políticos para elegir a las autoridades, sin subordinación a voluntades externas, es decir, con participación igualitaria en la integración de una voluntad colectiva, un espacio abierto a todas las ideas.
Otro aspecto relevante fue procurar en avance en la búsqueda de que el entonces Instituto Federal Electoral continuara su separación del gobierno, mediante la ciudadanización centrada en sus instancias de dirección al sustituir la figura de los Consejeros Magistrados por los Consejeros Ciudadanos, abriendo la posibilidad de que personas que no necesariamente contaran con una licenciatura en Derecho formaran parte del Consejo General, suprimiendo la intervención que tenía el Presidente de la República en la designación.
El IFE se consolidó como un órgano del Estado, mas no como una instancia dependiente de autoridades y gobiernos, además, el mayor peso decisorio para las determinaciones que se tomaran en el Consejo General del IFE recaería, al ser mayoría, dentro de dicha instancia.
El hecho de que la participación del gobierno federal tuviera mayor protagonismo y peso dentro del IFE, había demostrado ser una fórmula que no terminaba dar certidumbre a las personas sobre el desarrollo y resultados electorales, por lo que atendiendo a la postura expresada mayoritariamente en las negociaciones con los partidos, Carpizo realizó una gestión relevante para generar el apoyo del Ejecutivo Federal. Así se concretó que, en cumplimiento y congruencia con su mandato constitucional y legal, el IFE consolidara su independencia en el ejercicio de sus funciones, con libertad y legalidad, sin subordinación al gobierno, partidos políticos o grupos.
Como crítico que fue de la concentración de poder en el Ejecutivo Federal, Carpizo promovió y gestionó con éxito avanzar en la tarea de sustraer del ámbito presidencial de influencia, una función tan relevante dentro de un Estado democrático, como lo es la electoral, siendo este aspecto un paso importante.
Para quien también fue el 29º rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el funcionamiento autónomo y libre del IFE requería no sólo que en el aspecto normativo y diseño institucional se contemplara su independencia del Poder Ejecutivo Federal, sino que era necesario que ese atributo se garantizara en los hechos asegurando que sus principales funcionarios y directivos no tuvieran filiaciones partidistas y no estuviesen sujetos a mandatos imperativos, ni subordinados a ninguna autoridad o poder estatal, ya que sus pautas de actuación tenían que ser el cumplimiento de la Constitución, de las leyes y el desempeño responsable, profesional y transparente de la función que les había tocado desempeñar.
Las reformas de 1994 fueron relevantes en la ruta del desarrollo democrático de México, sin embargo, por diversas razones no lograron desahogar la totalidad de asuntos pendientes en la agenda política.
En septiembre de ese año, Jorge Carpizo enunciaba los temas que quedaban pendientes en materia electoral, muchos, siguen como asunto abierto a 30 años de distancia, entre ellos: lograr mayor equidad en la contienda electoral, fortalecer un real sistema de partidos, la regulación precisa del papel de los medios de comunicación en la contienda electoral, así como eliminar toda injerencia de autoridades y gobiernos en las mismas.
Ahora que vivimos en México el desarrollo de procesos electorales, es relevante recordar la lucha que se dio para que nuestro país contara con una autoridad y sistema electoral imparcial, objetivo y profesional, con la mejor garantía de que las votaciones serán respetadas, con el libre juego democrático, en presencia y participación de los propios ciudadanos.
A 30 años de la reforma electoral de 1994, sería conveniente revisar las razones que motivaron la misma, el alcance de su contenido, así como la importancia que tuvo el que las y los mexicanos tuvieramos la capacidad de sentarnos a negociar y alcanzar acuerdos para consolidar un régimen democrático, donde todas las ideologías y posturas tuvieran cabida, dejando de lado la polarización en la construcción de objetivos comunes.
La importancia de sustraer la organización de los procesos electorales del control de los gobiernos en turno, así como garantizar que exista una autoridad electoral autónoma e independiente, que de a los ciudadanos y a los actores políticos certidumbre paradójicamente sigue siendo vigente hoy día.
El pensamiento y la obra de Jorge Carpizo nos ofrecen muchos elementos de apoyo en esa tarea.
DATOS
LOGROS DE CARPIZO
Su primera misión fue marcar la ruta para que la solución de los conflictos que atravesaba el país se diera a través de la conciliación y garantizar el proceso electoral de 1994.
LO QUE SE CREÓ
1 Marcar la ruta para la solución de los conflictos que atravesaba el país.
2 Lejos de favorecer a determinados partidos o candidatos, se generó un marco legal.
3 Se logró llegar a un consenso que marcaría una pauta o parámetro de legitimidad.
4 La existencia del diálogo en los conflictos dejaba de lado el uso de violencia y de
la fuerza.
5 Avanzó la búsqueda de que el entonces IFE, continuara su separación del gobierno.
LA LUCHA DE 1994
Fue para que nuestro país contara con una autoridad y sistema electoral imparcial, objetivo y profesional.
LOS PENDIENTES DE LA REFORMA A LA ACTUALIDAD
1 Lograr una mayor equidad en la contienda electoral.
2 Fortalecer un real sistema de partidos y su regulación en medios.
3 Eliminar toda injerencia de autoridades y gobiernos en las mismas.
NUMERO
30 años de distancia HAY con LA REFORMA ELECTORAL, de la que continúan los pendientes.