Un elemento constante en la conversación pública mexicana es la corrupción. Se trata de un fenómeno social altamente complejo. Tal naturaleza escapa a respuestas sencillas o inmediatas sobre su origen, así como sobre su posible solución. La corrupción es un hecho con múltiples cauces y efectos igualmente diversos, mismos que percibimos en los ámbitos público, privado y social.
Dicho esto, desde hace poco menos de una década, actores de la sociedad civil organizada, sector privado y titulares de los entes públicos, entendieron que la manera más efectiva para poder contener —y no acabar con la corrupción, afirmación que corresponde más a un escenario ideal que factible— es a partir de la instrumentación de mecanismos y espacios de coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno.
Ese espacio es, precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La singularidad de este sistema yace en que lo comprenden siete “sillas” que representan los ámbitos de incidencia clave en la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en el control y la fiscalización de recursos públicos.
De esta manera, la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Consejo de la Judicatura Federal; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, y el Comité de Participación Ciudadana son entes fundamentales para un control de la corrupción coordinado. El Sistema, al incluir instituciones de los tres poderes de la Unión y un ente ciudadano, ha sido capaz de amalgamar un esfuerzo de Estado para tal fin.
Ahora bien, más allá de la singularidad de este diseño institucional, es importante hablar de lo que el Sistema genera con su operación. Así, conviene destacar el papel que desempeña la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). Se trata del órgano de apoyo técnico al Comité Coordinador del SNA, integrado por las instituciones arriba referidas, y que funge como instancia desarrolladora de insumos, herramientas tecnológicas y soluciones de política pública para un quehacer anticorrupción colaborativo y cimentado en evidencia.
Es en ese punto, donde conviene destacar precisamente aquellos elementos que hacen tangible el actuar del Sistema Nacional Anticorrupción y que, por ende, lo vuelven relevante para continuar con la transformación de las instituciones y la vida pública en México.
Hablar de coordinación en el marco del SNA implica ir más allá de las siete “sillas”. Si hablamos de un esfuerzo a nivel Estado mexicano, nos referimos a vincular—a partir de prioridades, estrategias y acciones—a más de siete mil entes públicos. ¿Qué supone esto? Que el universo referido de instituciones comparta definiciones, aborde una agenda articulada en anticorrupción y, de especial importancia, que homologuen procesos y compartan información claves para un control efectivo de la corrupción.
Al respecto, conviene poner en relieve la Plataforma Digital Nacional.
Es un ambiente digital, donde, en tiempo real, los órganos internos de control de los tres órdenes de gobierno y poderes pueden consultar, intercambiar, y aprovechar información estratégica para el control de la corrupción.
¿Qué la distingue de otras Plataformas nacionales? Que la información proviene directamente de las instituciones, siendo la SESNA la instancia que administra la Plataforma y que propone al Comité Coordinador los mecanismos normativos e informáticos para facilitar la conexión a la misma. La PDN es una plataforma transaccional, la cual a partir de elementos informáticos como las APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) permite a diversas aplicaciones comunicarse entre ellas, así como compartir funciones e información.
Consecuentemente, la PDN tiene un valor estratégico para el Estado mexicano. Mediante sus seis sistemas, la Plataforma permite a instancias fiscalizadoras como los órganos internos de control, así como a las fiscalías especializadas, identificar y prevenir actuaciones bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto e ilícito, tráfico de influencias y colusión, cohecho y peculado, entre otros.
Se trata, por lo tanto, de módulos e información determinantes para un actuar anticorrupción basado en evidencia y privilegiando una lógica de prevención y detección oportuna. En este sentido, conviene subrayar que la sostenibilidad y fortalecimiento de la PDN habremos de entenderlas como medios para mejorar las capacidades de entes públicos en México para controlar la corrupción.
Es importante mencionar que, de la información disponible en la PDN, es posible desarrollar herramientas para robustecer las labores de prevención e identificación de posibles hechos de corrupción, tales como algoritmos en programas sociales o de análisis de evolución patrimonial. Lo anterior, se traduce en un mejor funcionamiento de las instituciones y, consecuentemente, en posibles beneficios al bienestar de las y los mexicanos.
Finalmente, la operación del SNA, implica incentivar una coordinación de al menos 370 instituciones públicas anticorrupción (Comité Coordinador Nacional y Estatales) que deben de generar acciones en más de 7 mil entes públicos de los tres órdenes de gobierno. Si queremos realmente prevenir y detectar redes de corrupción, se debe tener el universo de la información relevante en esta materia en tiempo real, de lo contrario los corruptores tendrán en su disposición miles de espacios para cometer estos actos, en perjuicio de todas las personas.
La táctica
La corrupción se debe contener a través de la instrumentación de mecanismos y espacios con los tres órdenes de gobierno.
Secretaría del SESNA
DESARROLLA INSUMOS, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
La PDN permite, en tiempo real, que los órganos internos de control consulten, intercambien y aprovechen información.