13 puntos a tomar en cuenta por los legisladores en la nueva reforma al Poder Judicial

El autor, magistrado federal, sin entrar a un análisis de las áreas de oportunidad que tienen los poderes judiciales, desmenuza su postura frente a la posible sacudida que se anuncia

Por Ariel Alberto Rojas Caballero

MÉXICO TIENE ante sí una de las más grandes oportunidades económicas de su historia. Con nuevos acomodos geopolíticos, la relocalización de empresas fuera de China y su instalación en nuestro país, puede ser detonador de desarrollo. Para aprovechar esta coyuntura, el gobierno federal debe tener una visión a futuro siendo sensible a las inquietudes de los inversionistas y brindar condiciones estructurales para instalar empresas y generar empleos bien remunerados. El respeto al Estado de Derecho y la seguridad pública determinarían estas nuevas fuentes de trabajo. No contar con una adecuada administración de justicia, puede minar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y limitar el crecimiento económico.
EN SENTIDO contrario y fuera de toda lógica política o económica, el titular del Ejecutivo Federal ha emprendido una feroz cruzada contra el Poder Judicial de la Federación, con un discurso de odio, señalamientos sin pruebas de corrupción generalizada y la presentación de una iniciativa de reforma constitucional que propone la designación de personas juzgadoras, a través de un sistema de preselección por los poderes de la Unión y después, voto popular. Dados los resultados de la jornada electoral, los mercados financieros han reaccionado; es muestra palpable de que existe confianza en los órganos jurisdiccionales federales y alterar la forma de designación de sus titulares genera preocupación.
LA PRETENSIÓN del presidente Andrés Manuel López Obrador de imponerle a su sucesora una reforma totalmente irracional, cuyo mecanismo de selección de jueces se copia de la Constitución de Bolivia de 2009, promovida por Evo Morales, cuyos resultados han sido desastrosos, no obstante, ahí solamente se eligen por voto popular 28 magistrados y sus suplentes. En México, simplemente en el Poder Judicial de la Federación se tendrían que seleccionar más de 1,600, lo que se avizora tortuoso, oneroso y totalmente perjudicial para la continua prestación de un servicio público, tan importante para las personas, en la que está en juego, entre otras cosas valiosísimas, su vida, libertad, familia, propiedades y otros derechos.
ESTE ES EL PUNTO más delicado de la mencionada iniciativa de reforma al Poder Judicial, ya que radica en la eliminación del sistema de carrera judicial a través de concursos de oposición para la designación de jueces de Distrito, así como magistrados de Circuito. Sin embargo, resulta paradójico que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2020 presentó una iniciativa de reforma constitucional, también al Poder Judicial, misma que fue aprobada y publicada el pasado 11 de marzo de 2021 con el objetivo de reforzar este sistema de designación y, una vez aprobada, obligó incluso a la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y una de Carrera Judicial.
EL SISTEMA de carrera judicial, como mecanismo para la selección de personas juzgadoras había sido un viejo reclamo del foro y la academia, desde principios del siglo XX, se consolidó con la reforma constitucional de 1994 y fue fortalecido con la reforma del presidente López Obrador de 2021. El mecanismo garantiza que las personas seleccionadas tengan conocimientos, habilidades y actitudes para impartir justicia. La labor de las personas juzgadoras requiere calidad profesional y ética, además de sólidos conocimientos jurídicos para resolver de la mejor manera. Además, se asegura la independencia de las personas ganadoras de los concursos de oposición que no deben a nadie su designación, sino a sus propios méritos.
LA INICIATIVA parte de una mal diagnóstico de los problemas que enfrenta el sistema de administración de justicia y además presenta una solución desastrosa que generará un deterioro en la calidad profesional y la independencia de los impartidores de justicia, en detrimento del servicio público que se presta y su continuidad. Se demanda un sistema de administración de justicia moderno y eficaz, con suficiente capacidad de atender la carga de trabajo, con tecnología de punta y personal altamente calificado y supervisado, entre otros aspectos.
PARA EVIDENCIAR el mal diagnóstico, por lo que toca al Poder Judicial de la Federación, se puede consultar en la página web de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed.org) El Estudio Nacional sobre la Percepción de Calidad de los Servicios que proporcionan los órganos jurisdiccionales a las personas usuarias y/o justiciables, correspondiente a 2023, del Consejo de la Judicatura Federal, a través del análisis de 9,942 encuestas. Éste destaca la alta satisfacción de los verdaderos usuarios del servicio en 91.6%, y casi nula percepción de corrupción. Los resultados están en consonancia con años anteriores, como se ve en la recopilación de la Asociación en 2015-2019, que también se puede revisar en su página de internet.
SIN DUDA QUE EL SISTEMA de administración de justicia de nuestro país tiene múltiples áreas de oportunidad, pero ello requiere de ejercicios científicos para tener los diagnósticos adecuados y proponer las soluciones conducentes por especialistas y juzgadores, quizá adaptando modelos de gestión judicial que hayan probado su eficacia en otras latitudes.
ES PREVISIBLE QUE LA SELECCIÓN de personas juzgadoras a través del sistema que se propone de elección popular, lejos de resolver los inconvenientes que presenta el sistema de justicia, los agravará como ha sido ampliamente documentado por parte de los especialistas y columnistas en estos días.
UN GOBIERNO DE OCURRENCIAS guiado por la venganza generará que la gran oportunidad que tiene nuestro país de dar un salto cuántico para cambiar las condiciones económicas sea nuevamente desperdiciada y acentuará los problemas de toda índole. Es absurdo pensar que se combata la corrupción con el sistema electoral que presenta la iniciativa.
CONTRARIAMENTE A LO QUE SE AFIRMA en la exposición de motivos de la iniciativa, con el sistema propuesto ni se combate la corrupción, ni se fortalece la independencia judicial, ni se favorece la rendición de cuentas. Claramente esta propuesta se ubica en la lógica de dinamitar lo que funciona y todo parece apuntar a que la intención de impulsar esta enmienda está en acabar con un contrapeso democrático y generar el caos.
AHORA BIEN, SE HA ESTUDIADO mucho el tema de la legitimidad democrática de los juzgadores que no son electos directamente por el pueblo y la doctrina ha encontrado que la respuesta está en la efectividad de su labor, lo que genera la confianza y aceptación ciudadana. Esto es, en el desempeño profesional y ético de las personas juzgadoras; lo importante es el resultado de su gestión y no en el sistema de su designación. Aunado a lo anterior, en el derecho comparado, se ha ubicado que la designación de juzgadores por concursos de oposición en un sistema de carrera judicial facilita contar con profesionales capacitados y experiencia, lo que favorece a obtener mejores resultados de la gestión judicial; lo que, como se ha expuesto, no se logra con un sistema de elección popular.
LAS CONSECUENCIAS, de aprobarse la iniciativa, generará la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 8, 23, y 25. En relación con el 1 y 2, los distintos estándares internacionales en materia de independencia judicial, conforme a la jurisprudencia firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se ha pronunciado contra las medidas regresivas en las garantías de los juzgadores, su impacto en la división de poderes y en la calidad de la democracia. El tribunal internacional apunta que la separación arbitraria fuera de un procedimiento legal de responsabilidad administrativa de personas juzgadoras es inconvencional, es previsible la condena al Estado Mexicano.

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Para ser candidato por los poderes de la Unión y ser electo se requieren compromisos

“Juzgar es, por lo demás, la obra más difícil del espíritu humano. Enredada en las debilidades y pasiones humanas, la justicia ha de mostrarse superior a ellas; debe permanecer impasible en medio del choque de las pasiones y de la agitación de los partidos, desafiar si es necesario al poder y socorrer valientemente al débil, despreciar y reprimir la injusticia en donde quiera que se halle, y cualquiera que sea su disfraz.

El hombre encargado de impartir justicia en la tierra tiene el deber de dar a la sociedad una vida apacible, zanjando los debates”.

-Molierac

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